Junts y PNV rechazan la medida; Sánchez negocia a contrarreloj para evitar un decreto ‘mnibus’ y salvar la convalidación en el Congreso
Podemos ha roto el frágil consenso en el decreto de vivienda al exigir la expropiación de 650.000 viviendas de fondos buitre, una medida rechazada por Junts, el PNV y hasta por su propia formación en el Gobierno, Sumar. La negociación, en sus últimos días antes de la votación en el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre, se juega ahora a evitar que el texto se convierta en un decreto ómnibus —mezcla de medidas dispares— que Junts ya ha amenazado con vetar.
El Gobierno de Pedro Sánchez intenta cerrar el texto con las dos propuestas clave que Junts exigía a cambio de su apoyo: prohibir desahucios en propiedades de fondos buitre y impedir que estos adquieran nuevas promociones, además de desgravaciones fiscales para alquileres y compras. Sin embargo, la insistencia de Podemos en incluir la expropiación masiva —una medida que ni su socio de Gobierno, Sumar, apoya— amenaza con dinamitar la mayoría necesaria para su convalidación en el Congreso. Fuentes negociadoras consultadas por El Mundo advierten de que cualquier texto que incluya esa medida será rechazado por Junts, que ya ha advertido contra mezclar vivienda con «medidas que criminalicen al pequeño propietario».
El PNV, por su parte, ha criticado abiertamente a Podemos por «ir a máximos» en vez de buscar un «mínimo común denominador», según declaró su presidente, Aitor Esteban. Mientras, Junts —clave para la aprobación— ha dejado claro que no aceptará un decreto que diluya sus propuestas con exigencias ajenas. Su secretario general, Jordi Turull, advirtió directamente a Sánchez: «No mezcle la vivienda con medidas que perjudiquen al pequeño propietario, como hizo con el decreto de pensiones».
La presión sobre Sánchez aumenta con la movilización social. Este lunes 28 de septiembre, mientras el presidente visita Barcelona, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una protesta frente al Palacio de Congresos, donde Sánchez recibirá los premios de La Vanguardia. La crisis desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda la semana pasada, ha acelerado los plazos. Sumar, último en posicionarse, ya amenazó con «un nuevo plante en el Consejo de Ministros» si el decreto no llega con apoyos garantizados.
El Gobierno apuesta ahora por desacoplar las medidas más polémicas —como la expropiación— de este decreto y trasladarlas a otros textos posteriores, aunque sin garantía de que el Senado las apruebe. Mientras, ERC mantiene su postura beligerante contra Junts, aunque su presidente, Oriol Junqueras, ha suavizado el tono al exigir «límites a los alquileres turísticos, suspensión de desalojos a vulnerables y fin de privilegios para fondos de inversión», sin mencionar directamente a los independentistas.
