El líder de ERC reclama suspensión de desahucios y prórroga de contratos mientras el Gobierno negocia el texto a contrarreloj
Oriol Junqueras, líder de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), ha exigido este domingo al Gobierno que el decreto de vivienda —previsto para aprobarse este martes en el Consejo de Ministros— incluya cinco medidas concretas: topes al alquiler para contratos de temporada y habitaciones, suspensión de desahucios de personas vulnerables, prórroga extraordinaria de dos años para todos los contratos actuales, y mayor autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores y viviendas turísticas. Junqueras también ha reclamado el «fin de los privilegios» de las sociedades de inversión, advirtiendo: «El miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie».
Las propuestas de Junqueras se suman a las de otros partidos, como Junts —que apoya frenar a los fondos buitre, pero rechaza medidas que «criminalicen» a pequeños propietarios— y Sumar, que también pide regular a los fondos de inversión. El decreto, negociado «a contrarreloj» según Pedro Sánchez, enfrenta presión mientras crecen las movilizaciones: en Madrid, los acampados en Sol amplían su protesta; en Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha anunciado acciones este lunes.
El decreto responde a la crisis de vivienda, con casos como el de Maricarmen, cuya lucha contra un desahucio ha movilizado a miles. La medida incluye también la suspensión de desahucios para familias vulnerables, aunque Junqueras pide ampliarla a todos los afectados. El texto, en tramitación acelerada, podría aprobarse este martes, pero las exigencias de los partidos catalanes —y las protestas callejeras— obligan al Gobierno a ajustar detalles clave.
El marco legal: el decreto se enmarca en la Ley de Vivienda de 2023, que ya permitía limitar alquileres en zonas pensionadas, pero Junqueras reclama extenderlo a contratos temporales y turísticos. La autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores —una medida ya en vigor en ciudades como Barcelona— es otra de sus prioridades. Mientras, el Gobierno negocia con los partidos para evitar bloqueos, en un contexto de creciente presión social.
