El Ministerio de Grande-Marlaska delega en la Policía Municipal, pero el consistorio exige una respuesta urgente y recuerda el precedente del 15-M
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior han roto relaciones por la acampada instalada esta noche en la Puerta del Sol, donde cerca de 500 personas protestan contra la crisis de vivienda tras el desahucio de Maricarmen. Mientras Fernando Grande‑Marlaska delega la gestión en la Policía Municipal, el consistorio acusa a la Delegación del Gobierno de «absoluta negligencia» y exige explicaciones por la retirada de la Policía Nacional durante los asentamientos.
Interior matiza que la concentración es pacífica y que solo intervendría la Policía Nacional en caso de desórdenes, pero el Ayuntamiento considera que la situación es «consecuencia directa» de la falta de diligencia del Ministerio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, ha recordado que en 2011, durante el 15‑M, la Delegación del Gobierno sí coordinó el desalojo con la Policía Nacional, algo que ahora no ocurre.
El cruce competencial ha escalado tras las denuncias del Ayuntamiento, que exige que Interior asuma su responsabilidad y reponga la normalidad en la plaza. La acampada, que ya se ha convertido en un símbolo contra la especulación inmobiliaria, podría prolongarse si no hay una solución rápida, como ocurrió con el 15‑M, donde las tiendas de campaña permanecieron semanas antes de ser desalojadas.
El Ministerio del Interior, por su parte, insiste en que la gestión corresponde a la Policía Municipal y que no hay desórdenes que justifiquen una intervención mayor. Sin embargo, el Ayuntamiento ha exigido explicaciones sobre la retirada de la Policía Nacional, preguntando si hubo una «orden directa» del delegado del Gobierno para abandonar los emplazamientos.
La tensión entre ambas instituciones refleja un conflicto de competencias que podría agravarse si la acampada se consolida, como ocurrió con el 15‑M, donde la falta de acción policial inicial permitió que la protesta se extendiera durante semanas. En esa ocasión, la intervención policial se produjo la madrugada del 17 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional y Municipal se personaron en Sol de forma conjunta, instando a las personas que permanecían allí a marcharse y advirtiendo de multas administrativas de 1.500 euros. Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se señaló en aquel momento que se trataba de una operación conjunta, y un portavoz de la Delegación indicó que desde el Ayuntamiento de la capital se pidió «colaboración institucional» para llevar a cabo el desalojo de los manifestantes. Tras aquella intervención, que se saldó con un detenido y un policía herido, al día siguiente llegaron nuevos acampados y las tiendas se afianzaron durante semanas, marcando el final del Gobierno de José.
