El líder del PP vincula la crisis de vivienda con el caso de Maricarmen y pide ocho años para aplicar sus medidas
Alberto Núñez Feijóo ha propuesto este martes construir un millón de viviendas nuevas como solución al problema de acceso a la vivienda en España, mientras critica al Gobierno de Pedro Sánchez como «inhabilitado» y acusa a la oposición de instrumentalizar casos como el de Maricarmen, la anciana desahuciada de 87 años.
Feijóo, presidente del Partido Popular, ha vinculado el caso de Maricarmen —que ha calificado de «descorazonador»— con la gestión del Ejecutivo, al que reprocha ocho años sin resolver el problema. Su propuesta concreta, un millón de viviendas en un plazo no especificado, se enmarca en su estrategia para recuperar el liderazgo en políticas sociales, un terreno donde el PP busca diferenciarse de su tradicional enfoque económico.
El líder popular también ha rechazado usar casos individuales para ganar apoyo político, algo que, según él, sí habría hecho el Gobierno con el caso de Maricarmen. Esta crítica llega en un contexto de creciente presión social por los desahucios, con más de 20.000 ejecuciones hipotecarias en 2025 (última cifra disponible del Ministerio de Vivienda), y mientras el Gobierno negocia un decreto-ley de vivienda que aún no ha sido aprobado.
Feijóo ha insistido en que su partido necesita ocho años para aplicar sus medidas, una referencia velada a las elecciones de 2031. Su discurso contrasta con el del Gobierno, que defiende avances como el fondo de alquiler social (1.500 millones de euros en 2024) y la moratoria de desahucios para vulnerables, aunque ambos han sido criticados por su lentitud en la ejecución.
El PP apuesta ahora por cuantificar su propuesta (un millón de viviendas) frente a medidas del Gobierno que, según Feijóo, no han frenado el aumento de precios. El precio medio de la vivienda en España superó los 150.000 euros en 2025, un 5% más que en 2024, según datos del Colegio de Registradores. La oposición, por su parte, no ha respondido aún a esta propuesta concreta, centrada en la oferta, mientras el Gobierno prioriza regulaciones y ayudas directas.
