El Hospital Virgen del Rocío y el SAS en el centro de la mayor convulsión política andaluza desde 2018
Hoy se cumple un año desde que saltara a la luz la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, cuando una emisora de radio reveló que 120 mujeres con resultados dudosos en el programa de detección precoz del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no fueron informadas de que habían desarrollado la enfermedad. El caso, centrado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, desencadenó una movilización social sin precedentes liderada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que denunció fallos estructurales en el sistema.
La polémica escaló hasta convertirse en la mayor crisis política en Andalucía desde que el PP llegara al poder en 2018, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad. El SAS, dirigido entonces por Antonio Sanz, admitió errores en la gestión de los resultados, aunque evitó asumir responsabilidades directas sobre los retrasos en las notificaciones. La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, se vio obligada a activar un protocolo de revisión urgente para todas las pacientes afectadas, mientras la oposición —PSOE y Podemos— exigía la dimisión de los responsables sanitarios.
El caso dejó al descubierto fallas en la coordinación entre niveles asistenciales y la saturación de recursos en el sistema público andaluz. Según datos del SAS, el 60% de los errores se concentraron en el área de Sevilla, donde el Virgen del Rocío atiende el 40% de los cribados de la comunidad. La crisis también tuvo impacto electoral: en las primarias del PSOE en Andalucía celebradas meses después, la candidata María Jesús Montero fue derrotada en Córdoba, en parte por su gestión percibida como insuficiente en la crisis sanitaria.
Un año después, el SAS mantiene un plan de seguimiento para las afectadas, aunque Amama denuncia que solo el 30% de las mujeres ha recibido una respuesta satisfactoria. La asociación exige la creación de una comisión parlamentaria independiente para investigar las causas del colapso, mientras el PP andaluz apunta a recortes presupuestarios en sanidad durante la legislatura anterior como origen del problema. El caso sigue abierto, con al menos 15 demandas judiciales presentadas por familias de pacientes.
