Jesús Maeztu propone un sistema automático de notificaciones y critica la información «sucinta» de la Consejería de Salud
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha concluido su investigación sobre los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que dejó a 2.317 mujeres sin recibir a tiempo la comunicación de resultados sospechosos. En su resolución, Maeztu atribuye el problema no a un error informático puntual, sino a demoras asistenciales estructurales en la agencia sanitaria de la Junta de Andalucía.
La institución, de extracción parlamentaria, ha propuesto al SAS implantar un sistema de notificación automática para todas las pruebas diagnósticas, una medida que busca evitar retrasos similares en el futuro. Además, Maeztu ha calificado la información facilitada por la Consejería de Salud durante la investigación como sucinta.
El caso afecta directamente a usuarias del sistema público andaluz, que dependen de estos programas de detección precoz para iniciar tratamientos oncológicos a tiempo. El Defensor del Pueblo Andaluz, aunque no tiene potestad sancionadora, puede emitir recomendaciones vinculantes para las administraciones, que deben responder en un plazo máximo de dos meses. En este caso, la resolución se enmarca en una investigación de oficio, un mecanismo activado cuando la institución detecta posibles irregularidades sin necesidad de denuncia previa.
El SAS, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, gestiona el programa de cribado de cáncer de mama desde 2006, con una cobertura estimada del 90% de la población diana. Sin embargo, este no es el primer incidente: en 2023, un informe del Tribunal de Cuentas andaluz ya alertó de retrasos medios de 45 días en la entrega de resultados en algunas áreas sanitarias, aunque sin cifras concretas de afectadas.
La Consejería de Salud, liderada por Catalina García (PP), aún no ha respondido públicamente a la resolución del Defensor. El PP gobierna Andalucía en coalición con Vox desde 2022, y la gestión sanitaria ha sido uno de los ejes de conflicto con el Gobierno central, especialmente en temas de financiación y transferencias de competencias.
Fuente: ABC (Elecciones)
