El Supremo se aferra a una ‘ficción jurídica’ sobre enriquecimiento personal para bloquear la ley, mientras el TC analiza el caso Turull y el plazo para solicitudes vence este lunes
El Tribunal Constitucional (TC) se reúne este martes para decidir si la ley de amnistía aprobada en 2023 cubre los delitos del procés cometidos por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La Sala Segunda del Supremo, liderada por el magistrado Pablo Llarena, se niega a aplicar la ley alegando que el expresidenta se benefició económicamente del 1-O, una tesis que el propio TC ya ha desestimado en otros casos y que la magistrada Ana Ferrer calificó de *»ficción jurídica»* en un voto particular.
La estrategia del Supremo —apoyada por el magistrado José María Macías, encargado de redactar la sentencia— se centra en una comparación absurda: equiparar el procés con el caso de un funcionario que paga una boda familiar con fondos públicos. Según el Tribunal Supremo, Puigdemont *»endosó los gastos de sus apetencias personales a la Generalitat»*, un argumento que choca con el criterio del Tribunal de Justicia de la UE y el propio Tribunal Constitucional, que ya han validado la ley de amnistía como compatible con la Constitución y el derecho europeo.
El plazo para que los 30 líderes independentistas encausados soliciten la amnistía vence este lunes. Si el TC rechaza la tesis del enriquecimiento, el Supremo deberá aplicar la ley, aunque fuentes judiciales advierten de que el proceso podría alargarse hasta octubre, cuando está previsto un nuevo pleno. Mientras, Puigdemont ya amenaza con reclamar al Estado español por *»violar el derecho comunitario»* si no se le amnistía.
El calendario político añade presión: las elecciones generales de 2027 acercan el posible regreso de Puigdemont a España, un escenario que el PSOE busca evitar para no perder votos en Cataluña. El Supremo, por su parte, insiste en no ser *»una boca muda»* y prefiere alargar el conflicto judicial antes que ceder a una ley que considera *»inconstitucional»* por motivos que los tribunales superiores ya han desechado.
La última trinchera del Supremo —la supuesta *»obligación de pago»* de Puigdemont— carece de base legal. Ni la fiscalía ni el Tribunal de Cuentas han encontrado pruebas de enriquecimiento personal en el procés. La decisión del TC, por tanto, será clave no solo para los independentistas, sino para el futuro de la amnistía en España.
