El informe de la ONU denuncia que las estructuras represivas siguen «intactas» pese a excarcelaciones y amnistías
El Gobierno de Venezuela ha solicitado este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que no prorrogue el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, creada en 2019 para investigar violaciones en el país. Lo hizo en Ginebra, donde el ministro consejero de Venezuela ante la ONU, Enzo Biureto, argumentó que el mecanismo «ha suscitado serias preocupaciones» por su «subjetividad» y falta de «imparcialidad», según declaró en una sesión del Consejo.
La petición llega tras la publicación esta semana de un informe de la misión que denuncia que las instituciones estatales vinculadas a represión y abusos siguen «intactas», pese a cambios recientes como la ley de amnistía y la liberación de presos políticos bajo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El documento también investigó 64 nuevos casos de tortura desde enero, cuando Nicolás Maduro fue detenido brevemente por EE.UU., y identificó a 20 funcionarios implicados en «graves violaciones» que siguen en puestos clave.
Biureto cuestionó además la metodología del informe, basado en «fuentes secundarias y terciarias», y citó como «mejoras» la excarcelación de presos políticos y la ley de amnistía. Sin embargo, la misión de la ONU mantiene que las estructuras represivas no solo persisten, sino que algunos de sus responsables han sido reasignados a cargos estratégicos tras el supuesto traspaso de poderes a Rodríguez.
La misión, prorrogada sin el consentimiento de Caracas, ha sido criticada por el Gobierno venezolano desde su creación. Su renovación en 2024 fue apoyada por 22 países, mientras que 11 —incluyendo a Rusia, China y Cuba— se abstuvieron. La decisión final dependerá de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, donde Venezuela busca consolidar su narrativa de «avances» en un contexto de creciente aislamiento internacional.
