Isabel Rodríguez negocia en horas un texto que Sánchez rechazó hace un mes, mientras PSOE y socios se acusan de falta de medidas concretas
El desahucio de Maricarmen, una madrileña de 70 años que perdió su vivienda en alquiler tras 70 años en la misma casa, ha forzado al Gobierno a activar un real decreto de emergencia en vivienda que **Junts per Cataluña** propuso a Pedro Sánchez hace un mes y que entonces fue ignorado. La ministra de Vivienda, **Isabel Rodríguez**, lidera desde ayer una negociación frenética con sus socios de coalición para aprobar el texto antes de que la presión parlamentaria —y la indignación social— escalen.
El PSOE, presionado por Sumar, Podemos y el resto de fuerzas de izquierdas, ha tenido que ceder ante Junts para evitar perder el relato. La propuesta, presentada «en mano» a Sánchez el pasado 5 de septiembre, incluye medidas como la suspensión temporal de desahucios en casos de vulnerabilidad extrema y la ampliación de ayudas al alquiler para mayores de 65 años. Según fuentes parlamentarias, el texto ya cuenta con el respaldo de Junts y ERC, pero el PP y Vox exigen más garantías legales antes de apoyar cualquier iniciativa.
El caso de Maricarmen, que se ha convertido en símbolo de la precariedad habitacional en España, llega en un momento clave: el Gobierno lleva meses sin aprobar una ley de vivienda integral, y la oposición acusa al Ejecutivo de **incumplir su propia agenda**. Mientras, la ministra Rodríguez ha anunciado que el decreto se presentará en las próximas 48 horas, aunque aún no hay fecha concreta para su aprobación en el Consejo de Ministros.
La tensión entre socios de coalición es evidente. Junts exige que el decreto incluya cláusulas específicas para proteger a inquilinos en situaciones como la de Maricarmen, mientras el PSOE teme que medidas demasiado contundentes puedan ser recurridas ante los tribunales. La portavoz de Sumar en el Congreso, **Irene Montero**, ha criticado que «el Gobierno prefiere negociar a regañadientes que actuar con urgencia», recordando que el 70% de los desahucios en España afectan a mayores de 60 años.
El real decreto, si se aprueba, será el primer paso concreto del Gobierno en vivienda desde 2024. Su éxito dependerá de si logra equilibrar la presión social con la viabilidad legal, en un contexto donde la oposición ya anuncia recursos judiciales y las encuestas reflejan un **descontento creciente** por la falta de soluciones habitacionales.
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