La mayoría conservadora suspende una sentencia que bloqueaba el sistema de verificación de ciudadanía, pero el impacto en las elecciones de noviembre podría ser limitado
Donald Trump logra este viernes un avance en su estrategia contra el fraude electoral: el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría conservadora, autoriza —hasta nueva orden— el uso de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de los votantes en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre. La decisión, adoptada por seis de los nueve magistrados, revierte una sentencia judicial de junio que paralizaba el sistema, diseñado para cruzar registros de la Seguridad Social con los censos electorales y evitar que extranjeros voten.
El fallo, sin embargo, llega en un momento crítico: a menos de 90 días de los comicios, cuando la ley federal prohíbe purgas masivas de los censos. La medida, impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva en marzo de 2025, busca reforzar los controles estatales sobre el padrón electoral, especialmente en el voto por correo, un método que el presidente republicano ha criticado recurrentemente por su supuesta vulnerabilidad al fraude.
La jueza federal que bloqueó inicialmente el sistema en junio argumentó que el Gobierno había «pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad» de los ciudadanos, citando casos en los que estados eliminaban votantes basándose en información inexacta. La mayoría conservadora del Supremo, liderada por su presidente John Roberts, justificó su decisión al señalar que la sentencia de primera instancia «obstaculizaba los esfuerzos federales para garantizar elecciones limpias», aunque reconoció que el plazo electoral impide depuraciones masivas.
La magistrada progresista Ketanji Brown Jackson, en disidencia, advirtió sobre el riesgo de que los estados exijan pruebas de ciudadanía a votantes recién naturalizados, aunque coincidió en que el impacto inmediato sería mínimo, ya que los estados ya revisaron sus listas con antelación.
El contexto: una ofensiva legal contra el voto por correo
Este fallo forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para restringir el voto por correo, un método que ganó popularidad durante la pandemia y que los republicanos asocian con mayor fraude. El 14 de septiembre, el mismo Tribunal Supremo —en una votación distinta— rechazó un recurso del Gobierno para imponer restricciones adicionales al voto por correo, con el apoyo de cuatro conservadores (incluido Roberts) y los tres progresistas. La decisión contrastó con el fallo de este viernes, donde solo los seis conservadores respaldaron la medida.
El fiscal general Todd Blanche defendió la verificación de censos al asegurar el 15 de septiembre que existen «cientos de casos de extranjeros votando ilegalmente» en todo el país, un fenómeno que, según su versión, está «mucho más extendido» de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Esta afirmación, sin embargo, no ha sido respaldada por datos independientes que cuantifiquen el alcance real del problema.
Implicaciones: ¿un golpe simbólico o un cambio real?
Expertos como Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la UCLA, minimizan el impacto práctico de este fallo en comparación con la batalla por el voto por correo. «En términos reales, este asunto no es tan relevante como el caso del voto por correo», señaló Hasen en su blog, destacando que la verificación de censos ya se realiza de forma rutinaria en muchos estados, aunque con menos rigor que el sistema federal ahora autorizado.
El sistema en cuestión cruza datos de la Seguridad Social con los registros electorales para identificar posibles votantes no ciudadanos. Aunque la medida podría afectar a ciudadanos estadounidenses recién naturalizados —como advirtió Jackson—, su aplicación práctica se verá limitada por el plazo electoral. Los estados ya completaron revisiones previas, y cualquier cambio ahora requeriría ajustes logísticos complejos en menos de tres meses.
Lo que sí queda claro es que el Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora, ha abierto la puerta a que Trump y los republicanos profundicen en su narrativa sobre el fraude electoral. La decisión no solo valida su enfoque, sino que sienta un precedente para futuras disputas legales sobre la integridad del censo. Sin embargo, su efecto inmediato en las elecciones de noviembre podría ser simbólico: un mensaje político más que una reforma electoral con consecuencias tangibles.
El contraste con el rechazo al recurso sobre el voto por correo —donde incluso Roberts se alineó con los progresistas— subraya las divisiones internas en el Supremo. Mientras los conservadores priorizan la verificación de censos, el bloque progresista parece más preocupado por evitar obstáculos al voto, especialmente en métodos como el correo, que han sido clave para la participación en elecciones recientes.
Para los votantes, la noticia tiene dos caras: por un lado, la autorización del sistema federal podría generar incertidumbre en estados con censos ya ajustados; por otro, la proximidad de los comicios reduce el margen para cambios drásticos. Lo que sí parece seguro es que este fallo alimentará el debate sobre la seguridad electoral en EE.UU., con Trump y los republicanos usando el argumento del fraude para justificar medidas que sus detractores ven como un intento de limitar el acceso al voto.
