Más de 25.000 migrantes ya han sido enviados bajo esta política desde 2024, pero un juez federal bloqueó las expulsiones rápidas por falta de protección contra persecución
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha solicitado este jueves a la Corte Suprema del país que permita continuar con las deportaciones de inmigrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen, sin garantizarles protección contra persecución o tortura. La decisión responde a un fallo previo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que hizo efectiva una orden judicial de Boston que paraliza estas expulsiones rápidas.
El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Todd Blanche, argumenta que los requisitos judiciales actuales —como notificar a los migrantes sobre riesgos en el país de destino— generan retrasos logísticos, incluyendo cancelaciones de vuelos. La petición se presentó formalmente horas después de que Blanche anunciara la estrategia en redes sociales.
El conflicto legal gira en torno a si los migrantes deben recibir una evaluación individual de riesgos antes de ser enviados a países no originarios. Según datos de organizaciones de derechos humanos, más de 25.000 personas han sido deportadas bajo esta política desde su implementación en 2024.
El precedente judicial que desafía a la Administración
El juez federal de Boston que bloqueó las deportaciones exigió que los migrantes tengan la oportunidad de alegar persecución o tortura en el país de destino, un requisito que el Gobierno considera un obstáculo operativo. La Corte Suprema ahora debe decidir si prioriza la eficacia administrativa o los derechos individuales, un debate que podría redefinir las políticas migratorias de EE.UU. en los próximos meses.
¿Qué se juega Trump con esta estrategia?
La decisión del Supremo podría consolidar o revertir una de las políticas migratorias más controvertidas de la Administración Trump. Si el alto tribunal falla a favor del Gobierno, se mantendría el sistema actual, que evita la repatriación a países con conflictos armados o regímenes represivos. En caso contrario, el Ejecutivo tendría que replantear su estrategia, con posibles implicaciones en la gestión de fronteras y la relación con aliados internacionales.
Mientras, grupos de derechos humanos ya han advertido de que esta política podría violar tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura, que prohíbe devoluciones forzosas a zonas de riesgo. La Corte Suprema tiene un historial de decisiones polarizadas en temas migratorios, lo que añade incertidumbre al proceso.
