El Ayuntamiento confirma la suspensión del lanzamiento previsto para este viernes tras la movilización del Sindicato de Inquilinas
El desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal y dependencia reconocida de grado 2 ha sido paralizado este jueves en Granadilla de Abona, Tenerife. El lanzamiento, programado para las 10:00 horas de este viernes en una vivienda de la calle José Ventura, fue suspendido tras una solicitud formal de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias y su posterior aprobación judicial.
La vecina, que depende exclusivamente de ayudas públicas y carece de ingresos laborales, se encontraba en una situación crítica para acceder a cualquier alternativa de alquiler. Según denunció el Sindicato de Inquilinas en Tenerife, incluso para alquilar una habitación se le exigía acreditar ingresos que no posee. La paralización llega tras la coordinación entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento, que activaron recursos para evitar el desahucio y garantizar una solución habitacional.
El caso refleja las dificultades estructurales del mercado de alquiler en Canarias, donde el 35% de los hogares en situación de vulnerabilidad no acceden a ayudas por falta de ingresos estables, según datos de la Consejería de Vivienda. La suspensión del lanzamiento, aunque temporal, obliga ahora a buscar una solución definitiva que evite la exclusión residencial de personas en riesgo de exclusión social.
El Sindicato de Inquilinas exigió al Gobierno y al Ayuntamiento que se movilicen «de manera inmediata» para ofrecer una alternativa digna. La paralización judicial, confirmada por fuentes del Ayuntamiento, abre un plazo para evaluar medidas que eviten que casos como este se repitan en una región donde el 12% de la población vive en riesgo de pobreza severa.
El escrito presentado por la Consejería solicitó la paralización del lanzamiento y fue recibido por el juzgado el mismo jueves, que, tras revisar la documentación, dictó la suspensión del desahucio. Esta decisión judicial se produjo en el marco de la coordinación establecida entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Granadilla, con el objetivo de estudiar medidas concretas para proteger a la vecina y garantizar una alternativa habitacional adecuada.
