El precio del megavatio se dispara un 30% en un mes y el Gobierno debe fijar antes del 1 de octubre la nueva tarifa regulada que afecta a más de 3,1 millones de hogares.
El precio del gas natural licuado (GNL) ha superado los 80 euros por megavatio hora a mediados de septiembre y ha llegado a tocar los 84 euros, niveles que no se veían desde el cierre de los gasoductos rusos. El TTF, el mercado de referencia europeo, cerró agosto en torno a los 61,46 euros por MWh tras subir un 15,8% ese mes, lo que supone un incremento de aproximadamente el 30% en el último mes. El Gobierno de Pedro Sánchez debe decidir en los próximos días la actualización de la tarifa de último recurso (TUR), que podría provocar un incremento del recibo mensual.
La decisión corresponde al Ministerio de Transición Ecológica, que debe fijar antes del 1 de octubre el nuevo precio para los tres tipos de TUR existentes. En el caso de la tarifa para viviendas habituales con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, el coste de la energía se sitúa en torno a los 0,052 euros por kilovatio hora, con impuestos incluidos, absorbiendo el impacto de la cuota fija mensual de 8,11 euros a base de volumen de consumo, según la última actualización trimestral.
En España hay más de 3,1 millones de clientes acogidos a esa modalidad de tarifa de gas natural, aproximadamente un 39% del total de puntos de suministro del país. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que hay 2,1 millones de contratos bajo la TUR 2.0, la destinada a hogares. Fuentes del mercado indican que lo normal es que el BOE recoja un nuevo recargo, si bien esperan que no sea tan elevado como el que se está produciendo en el mercado del gas.
La advertencia de Reynés y el informe de KPMG
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya anticipó en la presentación de los resultados semestrales que la evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo, ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro. Los expertos vaticinan nuevos incrementos de cara a un otoño que, si se presenta frío en el norte de Europa y en Norteamérica, podría ser histórico.
La consultora KPMG advierte en un reciente informe de un desalineamiento entre los costes reales que soportan los Comercializadores de Último Recurso (CUR) y los costes que reconoce la tarifa regulada. El problema se ha acentuado por la aparición de nuevos costes regulatorios que no se trasladan a la TUR, entre ellos las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que han aumentado de forma significativa en los últimos años.
KPMG plantea una revisión de la metodología de la TUR basada en dos cambios. El primero pasa por incorporar a la tarifa los costes regulatorios que actualmente asumen las comercializadoras sin un reconocimiento específico, para evitar déficits estructurales en las compañías que prestan el servicio regulado. El segundo consiste en actualizar el cálculo del coste de aprovisionamiento del gas.
La fórmula vigente sigue utilizando referencias históricas vinculadas al Brent y al mercado británico NBP, que, según el informe, ya no reflejan plenamente las condiciones actuales del suministro en España. En su lugar, KPMG propone analizar una mayor presencia de índices representativos del mercado nacional, como MIBGAS, para acercar el coste reconocido en la TUR al precio real de adquisición del gas por parte de las comercializadoras.
El equilibrio entre proteger al consumidor y sostener la tarifa
La reforma, según KPMG, permitiría reducir los desequilibrios económicos de las CUR y limitar las distorsiones competitivas entre el mercado regulado y el liberalizado, sin que ello implique necesariamente reducir la protección al consumidor. La consultora considera que actualizar la TUR es necesario para hacer sostenible esa protección y adaptarla a la evolución del mercado y del marco regulatorio europeo.
Bruselas ha venido defendiendo que la intervención pública sobre los precios energéticos debe ser excepcional y estar principalmente dirigida a proteger a los consumidores vulnerables o responder a situaciones extraordinarias. La Comisión Europea promueve mercados en los que los precios reflejen adecuadamente los costes reales del suministro y generen señales que favorezcan la competencia y la eficiencia energética.
El margen de maniobra del Ejecutivo es estrecho. La actualización de la TUR es trimestral y su calendario está fijado por normativa, por lo que el Ministerio de Transición Ecológica no puede retrasar la decisión sin incumplir el plazo. Cualquier subida se trasladará al recibo de los hogares acogidos al mercado regulado, mientras que los clientes del mercado liberalizado quedan expuestos a las condiciones de sus contratos con las comercializadoras.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) se encargará de publicar la nueva tarifa y el recargo correspondiente, lo que permitirá a los consumidores conocer con exactitud el impacto en sus facturas. La publicación se espera en los próximos días, justo antes de la fecha límite del 1 de octubre, para que el Ministerio de Transición Ecológica pueda ajustar los precios de la TUR de manera oportuna y evitar sorpresas en el mercado regulado.
