El Ministerio de Bustinduy deniega acceso a datos de la investigación sobre compañías con operaciones en territorios ocupados, alegando riesgo reputacional
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mantiene en secreto los detalles de la investigación abierta a empresas con operaciones en territorios palestinos ocupados, a pesar de que la misma fue anunciada hace más de un año. Una resolución de la Dirección General de Consumo, fechada el 6 de marzo de 2026, deniega el acceso a la información solicitada a través del Portal de Transparencia, argumentando que su difusión podría perjudicar a las compañías investigadas antes de que las sanciones sean firmes.
La investigación, impulsada tras la aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, busca sancionar a empresas que publiciten en España productos o servicios procedentes de estos territorios. El ministro Pablo Bustinduy ya advirtió en septiembre de 2025 que su departamento actuaría contra prácticas que, según su criterio, «manchan las cuentas de resultados con la sangre del pueblo palestino». Sin embargo, el ministerio ahora argumenta que revelar información sobre las actuaciones en curso podría causar «daños reputacionales o comerciales irreparables» y afectar al desarrollo de las pesquisas.
La decisión se enmarca en la normativa que obliga a Consumo a mantener confidencialidad hasta que las sanciones sean firmes. Según el documento, divulgar detalles antes de que finalicen los procedimientos podría incluso facilitar la destrucción de pruebas o dificultar la imposición de sanciones. La investigación se basa en el informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, que en julio de 2025 alertó sobre empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal en Palestina.
Mientras, el Gobierno sigue sin aclarar cuántas empresas están siendo investigadas ni los avances concretos. La opacidad contrasta con el anuncio inicial de Bustinduy, quien entonces prometió «garantizar que ninguna empresa en España tenga vínculos con la ocupación». La resolución deniega el acceso a la información, dejando fuera del alcance público tanto las identidades de las compañías afectadas como los detalles de las actuaciones.
