Bolaños denuncia un ‘recorte masivo’ mientras Gamarra reprocha al Ejecutivo ‘agresividad’ contra el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de 400.000 personas beneficiadas por la ley de nietos, tras un recurso de Vox e Iustitia Europa. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó este miércoles al PP de promover un «recorte masivo» del derecho al voto, mientras la diputada popular Cuca Gamarra reprochó al Gobierno «agresividad» contra el Supremo por su decisión.
La suspensión afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la ley de memoria histórica y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo que acrediten descendencia de exiliados. Bolaños recordó que el PP defendió en 2022 una ley similar y acusó a su partido de privar del voto a ciudadanos que participaron en elecciones de 2023 y 2026.
Gamarra respondió que «una instrucción no es una ley» y criticó que el Gobierno use «puertas de atrás» para ampliar derechos. También cuestionó la contundencia del Ejecutivo ante la crisis de Ceuta frente a su postura contra el Supremo: «¿Por qué son dóciles con Marruecos e implacables con quienes defienden el Estado de derecho?
La portavoz de Vox, Pepa Millán, acusó al Gobierno de «sustituir» a los españoles con una ley que, según ella, altera el censo. Bolaños replicó que su partido busca «una España de españoles de primera y segunda», donde algunos no voten.
El conflicto refleja tensiones por el alcance de la ley de memoria histórica y el papel del Tribunal Supremo en su aplicación. La instrucción de 2022, según Bolaños, replica la de 2008 (Zapatero), pero Gamarra insiste en que ambas son distintas y que el Ejecutivo actúa con «hipocresía».
El Supremo, en su decisión de la semana pasada, ordenó la suspensión cautelar tanto de los votos de los ciudadanos ya inscritos en el CERA como de las nuevas altas, siempre que no puedan demostrar descendencia de exiliados. Esta medida se adoptó tras la solicitud de Vox e Iustitia Europa, que argumentaron que la ley de nietos ampliaba indebidamente el derecho al voto a personas que no cumplían los requisitos de la normativa de nacionalidad.
El debate trasciende lo jurídico: el Gobierno defiende derechos consolidados, mientras el PP y Vox denuncian irregularidades en un proceso que afecta a un colectivo clave en el mapa electoral español.
