Los tres dirigentes superan los ocho años permitidos originalmente, ahora sujetos a consulta interna excepcional
Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Fernández podrían mantener sus cargos públicos hasta 2031, incumpliendo así la norma interna de Podemos que limitaba los mandatos a ocho años. Según los estatutos actualizados en Vista legre III (2020), estos dirigentes —que ya superaron el límite original— podrían prorrogar su presencia en instituciones gracias a una consulta excepcional entre la militancia.
Belarra y Montero, diputadas desde 2016, y Fernández, exprocurador en Castilla y León, buscan ahora escaños en el Congreso y el Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. La flexibilización de la norma, impulsada por Pablo Iglesias, permite excepciones si la base lo aprueba, aunque en la práctica estos cargos ya están blindados por su posición en la cúpula.
Montero, candidata a presidir el Gobierno, defendió en 2017 la limitación de mandatos para evitar que los políticos priorizaran su permanencia sobre el servicio público. Sin embargo, su caso —junto al de Belarra y Fernández— refleja cómo Podemos, pese a su discurso inicial, ha acabado aplicando sus propias reglas de manera selectiva.
Fernández, por su parte, ha cambiado de circunscripción en dos ocasiones para garantizarse el escaño: de León a Valladolid en 2022 y ahora al Ayuntamiento de Madrid. Este patrón de movilidad estratégica contrasta con el discurso histórico del partido contra la ‘casta política’, ahora convertida en práctica interna.
La consulta interna para prorrogar sus mandatos —obligatoria según los estatutos— se antoja meramente formal. Belarra y Fernández ya intentaron sin éxito revitalizar a Podemos en Madrid en 2023, mientras Montero aspira a liderar la formación en las próximas elecciones. La hemeroteca recuerda que Irene de Miguel, también de Podemos, renovó su cargo en Extremadura hasta 2030, siguiendo el mismo modelo.
El cambio introducido en Vista legre III en 2020 estableció que la limitación de mandatos se extiende a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con la posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años. Más allá de ese plazo, la prórroga dependerá de una consulta a las personas inscritas, la cual debe realizarse después de las primarias que determinan el proyecto que encabeza la formación.
En la práctica, la consulta se ha convertido en un trámite formal, ya que la militancia suele aprobar la prórroga cuando los dirigentes en cuestión son figuras centrales de la cúpula, como es el caso de Belarra, Montero y Fernández, quienes ya han superado el límite original de ocho años y buscan extender su permanencia en la política hasta 2031.
