La Sala Tercera paraliza la inscripción en el censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la instrucción de Justicia, lo que obliga a revisar más de 500.000 solicitudes ya tramitadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la instrucción del Ministerio de Justicia que desarrolla la ley de nietos. La decisión afecta a la extensión de la concesión de la nacionalidad a los descendientes de quienes, tras la Guerra Civil, abandonaron el país por motivos distintos a la persecución política. El lunes, la Junta Electoral ordenó aplicar esa suspensión, pese a que la mitad de sus miembros cuestionaron la medida por considerar que provoca un enorme «caos».
El fallo del Supremo llega después de que la Sala Tercera votara cinco magistrados a favor de la suspensión cautelar y uno en contra. El Gobierno interpreta esa mayoría como un indicio de cuál será la resolución final del tribunal. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la aplicación plena de la medida es tan complicada que no tendría sentido que se tratara solo de una decisión temporal.
La instrucción del Ministerio de Justicia que ahora queda en el aire eliminaba el requisito de la persecución política para los descendientes de exiliados. En la práctica, ese cambio otorgaba la condición de perseguido político a todos los que salieron de España en aquellos años. El Gobierno defiende ante el Supremo que todos los emigrantes económicos de los años 30, 40 y 50 eran exiliados políticos, y alega dificultades notables para acreditar el «exilio ideológico».
El precedente de la ley de Zapatero y su continuidad con Rajoy
La Ley de Memoria Democrática incluye un artículo sobre los exiliados por motivos ideológicos que fue posteriormente desarrollado por Justicia con una instrucción que suprimía la exigencia de persecución. No es la primera vez que se produce una situación similar. Cuando la Ley de Memoria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió la nacionalidad a los hijos de los exiliados, se aprobó una instrucción equivalente que en la práctica ampliaba ese derecho a la emigración por motivos económicos. Esa situación se mantuvo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las repetidas ocasiones en las que Alberto Núñez Feijóo y el PP pidieron que exiliados y emigrantes fueran incluidos en la ley de nietos para acceder a la nacionalidad española y, por tanto, al derecho al voto. Torres también respondió a la tesis del Supremo asegurando que se adulteraría el resultado, porque, según dijo, también se adulteraría si se les excluye.
El pulso político en el Consejo de Ministros
El Gobierno considera que la decisión del Supremo es un pulso político a Pedro Sánchez. La posición del Ejecutivo contra la resolución fue más allá de la crítica y derivó en descalificaciones hacia el tribunal durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que presentaba un acuerdo de su departamento, pidió intervenir para asegurar que Antonio Narváez, ponente en el Supremo de esa resolución, participó en una reunión con Feijóo en la que mostró su deseo de que el PP gane las elecciones. Según Puente, eso no garantiza la apariencia de imparcialidad de la sala del Supremo. Además, dijo asumir como propia la expresión de «lobos solitarios» que su compañero en el Consejo de Ministros Óscar López lanzó contra algunos jueces.
Fuentes del Gobierno aseguran que el sistema consular, que ya estaba de por sí colapsado, corre ahora el riesgo del bloqueo definitivo. La suspensión obliga a revisar, uno por uno, los expedientes de las más de 500.000 solicitudes que ya han sido tramitadas. El Ejecutivo tendrá que separar las que acreditan ser descendientes de exiliados ideológicos de las que no, porque la instrucción de Justicia no lo exigía.
La tesis del Gobierno es que es imposible saber cómo afectaría en el censo la aplicación plena de la ley de nietos, porque no es posible conocer el sentido de esos votos. La decisión del Supremo se produce en un contexto de confrontación entre el Ejecutivo y el alto tribunal, después de que la votación en la Sala Tercera fuera de cinco magistrados a favor de la suspensión cautelar contra uno en contra.
