El precio del megavatio se dispara un 30% en un mes y Moncloa debe actualizar la tarifa regulada que afecta a más de 3,1 millones de hogares
El precio del gas natural licuado (GNL) ha superado los 80 euros por megavatio hora a mediados de septiembre y ha llegado a tocar los 84 euros, niveles que no se veían desde el cierre de los gasoductos rusos. El mercado de referencia europeo, el TTF, cerró agosto en torno a los 61,46 euros por MWh tras subir un 15,8% durante ese mes. El incremento en el último mes ronda el 30%. La espiral alcista ha llevado a los gobiernos a estudiar medidas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe decidir en los próximos días sobre la tarifa de último recurso (TUR).
La actualización de la TUR está marcada en el calendario oficial para el próximo 1 de octubre. Ese día el Ministerio de Transición Ecológica deberá fijar el nuevo precio para los tres tipos de tarifa que existen en el mercado. En la modalidad para viviendas habituales con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, la tarifa contiene el coste de la energía en torno a los 0,052 euros por kilovatio hora, impuestos incluidos, y absorbe la cuota fija mensual de 8,11 euros a base de volumen de consumo, según la última actualización trimestral.
En España hay más de 3,1 millones de clientes acogidos a esa modalidad de tarifa de gas natural, lo que representa aproximadamente un 39% del total de puntos de suministro del país. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que bajo la TUR 2.0, la de hogares, hay 2,1 millones de contratos.
Fuentes del mercado indican que lo normal es que el BOE recoja un nuevo recargo, si bien esperan que no sea tan elevado como el que se está produciendo en el mercado del gas. La decisión del Gobierno llega con el reloj corriendo en contra y con el precedente de la evolución de los precios internacionales, que ya anticipaba un invierno complejo.
La advertencia de Reynés y el informe de KPMG
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya avisó en la presentación de los resultados semestrales de que la evolución de los precios internacionales del gas anticipaba un invierno complejo. La compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro, según sus declaraciones.
En paralelo, la consultora KPMG ha advertido en un informe de un desalineamiento entre los costes reales que soportan los Comercializadores de Último Recurso (CUR) y los costes que reconoce la tarifa regulada. El problema se ha acentuado por la aparición de nuevos costes regulatorios que no se trasladan a la TUR, entre ellos las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que han aumentado de forma significativa en los últimos años.
KPMG plantea una revisión de la metodología de la TUR basada en dos cambios. El primero pasa por incorporar a la tarifa los costes regulatorios que actualmente asumen las comercializadoras sin un reconocimiento específico, para evitar déficits estructurales en las compañías que prestan el servicio regulado. El segundo consiste en actualizar el cálculo del coste de aprovisionamiento del gas.
La fórmula vigente sigue utilizando referencias históricas vinculadas al Brent y al mercado británico NBP, que, según el informe, ya no reflejan plenamente las condiciones actuales del suministro en España. En su lugar, KPMG propone analizar una mayor presencia de índices representativos del mercado nacional, como MIBGAS, para acercar el coste reconocido en la TUR al precio real de adquisición del gas por parte de las comercializadoras.
La reforma, según la consultora, permitiría reducir los desequilibrios económicos de las CUR y limitar las distorsiones competitivas entre el mercado regulado y el liberalizado, sin que ello implique necesariamente reducir la protección al consumidor. Al contrario, considera que actualizar la TUR es necesario para hacer sostenible esa protección y adaptarla a la evolución del mercado y del marco regulatorio europeo.
Bruselas y el margen de intervención
La Comisión Europea ha venido defendiendo que la intervención pública sobre los precios energéticos debe ser excepcional y estar principalmente dirigida a proteger a los consumidores vulnerables o responder a situaciones extraordinarias. Al mismo tiempo, promueve mercados en los que los precios reflejen adecuadamente los costes reales del suministro y generen señales que favorezcan la competencia y la eficiencia energética.
El margen de maniobra del Ejecutivo para contener el recibo pasa por la actualización trimestral de la TUR, un mecanismo que fija el precio máximo de la energía para los hogares acogidos al mercado regulado. La decisión se adoptará en un contexto de precios mayoristas al alza y con la vista puesta en un otoño que, si se presenta frío en el norte de Europa y en Norteamérica, podría ser histórico, según los expertos.
