Los letrados de la Cámara avisan de que la enmienda 23, registrada sin justificación, podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución y el PP exige a PSOE y Sumar que decidan qué hacen con ese informe.
Los servicios jurídicos del Congreso han advertido de que la enmienda de Sumar para reformar la Ley de Nietos dentro de una ley educativa puede ser inconstitucional. El informe, al que ha tenido acceso La Vanguardia, señala que la enmienda 23 se registró «sin justificación alguna» y que sus autores no explicaron qué relación tiene una reforma sobre ratios, jornada lectiva y condiciones de los docentes con cambiar la Ley de Nietos, aprobada al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Los letrados de la Cámara plantean dos objeciones. La primera es formal: la enmienda se presentó sin justificar su conexión con el proyecto educativo. La segunda es constitucional: recuerdan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las enmiendas que carecen de conexión material con la ley que pretenden modificar. Ignorar esa exigencia de congruencia, advierten, «podría vulnerar el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, en su vertiente del derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo».
La instrucción que amplió los beneficiarios de la nacionalidad
El origen del conflicto está en una instrucción del Gobierno para aplicar la Ley de Nietos que ampliaba el número de beneficiarios de la nacionalidad española. Con esa instrucción, se permite también dar la nacionalidad a quienes se marcharon de España por razones económicas, no solo por el exilio político. El Tribunal Supremo resolvió de forma cautelar que solo pueden inscribirse en el censo electoral los hijos o nietos de españoles que acrediten el exilio entre 1936 y 1955. La decisión es provisional y queda pendiente el fondo del asunto.
La instrucción fue emitida por la ministra Sofía Puente, y tanto el PP como Vox han rechazado la maniobra del Gobierno, calificándola de modificación de la ley por la puerta de atrás. El Supremo paralizó la inscripción en el censo electoral para que, de momento, no puedan votar aquellos que no hayan acreditado el exilio político –con la instrucción, se permite también dar la nacionalidad a aquellos que se marcharan de España por razones económicas–.
Para esquivar ese pronunciamiento del Supremo, Sumar trata de incluir la reforma de la Ley de Nietos en una ley educativa que se tramita ahora en el Congreso. PP y Vox han rechazado esa maniobra porque consideran que la instrucción modifica una ley por la puerta de atrás.
El PP exige a PSOE y Sumar que decidan tras el informe
Fuentes del PP han reaccionado al conocer el informe de los letrados. Señalan que el intento de reforma de la Ley de Nietos es «una aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente fue ilegal». También recuerdan que Sumar «aseguró públicamente que aguardaría a conocer la opinión de los letrados» antes de decidir si seguía adelante con la enmienda. «Ya la conoce: la argucia pergeñada por la muleta política de Sánchez es potencialmente anticonstitucional, tal y como revela el letrado en su informe», señalan los populares. «Ahora PSOE y Sumar tienen que decidir qué hacen con el criterio jurídico que ellos mismos decían estar esperando, habida cuenta de que el informe concluye que la enmienda es incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto educativo», añaden. «El único trumpismo presente en esta artimañana legislativa, usando la propia jerga del Gobierno, es el del PSOE y sus comparsas», zanjan en el PP.
Qué es la Ley de Nietos y por qué el Supremo la acotó
La Ley de Nietos es la norma que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de españoles, y se aprobó al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La instrucción del Gobierno amplió los supuestos para acogerse a ella. El Supremo acotó cautelarmente ese acceso al exigir la acreditación del exilio entre 1936 y 1955 para poder inscribirse en el censo electoral. La inscripción en el censo es el paso que habilita a votar, por lo que la decisión judicial afecta directamente al cuerpo electoral de los nacionalizados por esta vía.
El precedente constitucional sobre enmiendas sin conexión
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre las enmiendas que carecen de conexión material con la ley que modifican es el marco que invocan los letrados del Congreso. Esa exigencia de congruencia entre la enmienda y el objeto del proyecto legislativo es la que, según el informe, se habría incumplido con la enmienda 23. El artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo, y es el precepto al que apuntan los servicios jurídicos de la Cámara como posiblemente vulnerado.
El informe deja la decisión en manos de los grupos. PSOE y Sumar deben decidir si mantienen la enmienda pese al criterio jurídico de los letrados o si la retiran. El PP ya ha pedido que aclaren qué hacen con ese informe, que ellos mismos decían estar esperando.
