El nuevo Reglamento de Circulación, en vigor desde el 1 de octubre, endurece las normas para usuarios vulnerables y alinea la movilidad urbana con los objetivos de la Agenda 2030
La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica desde este 1 de octubre un cambio radical en la seguridad vial con la entrada en vigor del Real Decreto 518/2026, que redefine las normas de circulación para priorizar la protección de los usuarios más vulnerables. Por primera vez, el Reglamento General de Circulación incluye una definición legal de ‘usuario vulnerable’, que abarca desde peatones —con especial atención a menores, mayores y personas con discapacidad— hasta ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes, y usuarios de motocicletas y ciclomotores.
Entre las medidas más polémicas destacan la obligatoriedad del casco para todos los ciclistas en vías interurbanas —eliminando exenciones previas—, la reducción de la velocidad al adelantar a ciclistas (mínimo 20 km/h menos que el límite de la vía) y una separación lateral mínima de 1,5 metros. Para los VMP, el cambio más inmediato es la edad mínima de 15 años para conducir, el casco obligatorio y el chaleco reflectante de noche o con poca visibilidad. A partir de 2027, estos vehículos deberán llevar alumbrado permanente, incluso de día.
En el ámbito urbano, el nuevo título VI del Reglamento introduce normas específicas para facilitar la convivencia entre distintos modos de transporte, como la prioridad de los peatones en calles con plataforma única o la posibilidad de circular en ambos sentidos en vías de un solo carril con límite de 30 km/h. La DGT también regula por primera vez los ‘caminos escolares seguros’, dotándolos de entidad jurídica para garantizar el acceso de menores a centros educativos a pie o en medios no motorizados.
Las sanciones por incumplimiento, que aún no están detalladas en el decreto, se aplicarán a partir de la entrada en vigor. La DGT ha intensificado durante las últimas semanas campañas informativas en radio, redes sociales y su web para dar a conocer las novedades, aunque organizaciones como la Federación Española de Ciclistas Urbanos (ECU) ya han advertido de la falta de infraestructuras adaptadas para cumplir normas como la separación de 1,5 metros al adelantar.
El Real Decreto 518/2026 cubre el vacío legal de la DGT
El Real Decreto 518/2026 responde a un vacío normativo identificado por la DGT: la movilidad en España ha evolucionado en las últimas dos décadas, con un aumento del 300% en el uso de VMP desde 2015 y un 15% más de accidentes mortales en vías urbanas entre 2020 y 2025, según datos internos de la Dirección General. La reforma alinea la normativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en salud (reducción de lesiones graves), ciudades sostenibles y acción por el clima, al promover modos de transporte menos contaminantes.
El texto recoge también medidas para emergencias en carreteras nevadas, como la prohibición de adelantar en condiciones de nieve o la obligación de dejar un carril de emergencia libre en retenciones. Estas normas, sin embargo, chocan con la realidad de muchas autopistas españolas, donde el 60% de los arcenes no están adaptados para vehículos de emergencia, según un informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC).
¿Quién gana y quién pierde con el nuevo Reglamento?
Los principales beneficiarios son los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y conductores de VMP, que ahora tienen normas específicas de protección. Sin embargo, el sector del transporte profesional —como repartidores en bicicleta o motos— enfrenta mayores costes con la obligatoriedad de chalecos reflectantes y cascos en todo momento. Las asociaciones de moteros, como la Confederación Nacional de Motociclistas (CNM), ya han anunciado que recurrirán algunas medidas, como la prohibición de circular por el arcén en congestiones sin señalización previa.
Para los ayuntamientos, la adaptación de las vías urbanas —como la señalización de carriles bici o la creación de ‘caminos escolares seguros’— supondrá una inversión adicional. Según cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el coste medio por municipio para cumplir con las nuevas normas ronda los 500.000 euros, una cifra que podría dispararse en ciudades con alta densidad de tráfico como Madrid o Barcelona.
En el lado político, el Gobierno central ha presentado la reforma como un avance en seguridad vial, mientras que partidos como Vox y PP han criticado la falta de flexibilidad para conductores y el aumento de la burocracia. Por su parte, Podemos y Sumar han celebrado las medidas como un paso hacia una movilidad más sostenible, aunque exigen mayor inversión en infraestructuras ciclistas.
La DGT ha confirmado que, en las próximas semanas, se publicarán las sanciones correspondientes a cada incumplimiento, aunque fuentes internas adelantan que las multas por no usar casco o chaleco reflectante en VMP podrían superar los 200 euros. La entrada en vigor coincide con un aumento del 12% en accidentes con usuarios vulnerables en el primer semestre de 2026, según datos provisionales de la DGT.
