La comisión, presidida por Idoia Sagastizabal (PNV), amplía su plazo hasta abril de 2027 tras solo cinco sesiones celebradas hasta ahora
El Congreso ha aprobado este miércoles por unanimidad —347 votos— una prórroga de seis meses para la Comisión de Investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, retrasando su dictamen hasta abril de 2027. La decisión, avalada también por unanimidad en la comisión hace ocho días, responde a la lentitud en sus trabajos: constituida en noviembre de 2025, no comenzó sus comparecencias hasta abril de 2026.
La comisión, presidida por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal y compuesta por trece diputados —tres del PP, tres del PSOE y uno de cada grupo parlamentario—, ha escuchado hasta ahora a los máximos responsables de Iberdrola España, Endesa y Naturgy, así como a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y a la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto. El PSOE justifica la prórroga para completar comparecencias y analizar documentación, mientras el PP critica que solo se hayan celebrado cinco sesiones y Vox considera «inconcebible» que ningún responsable haya dimitido.
El apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a más de 10 millones de personas en España y Portugal, sigue sin una explicación oficial detallada. La prórroga alarga un proceso ya criticado por su ritmo lento: desde su constitución en 2025, la comisión no ha logrado avanzar en conclusiones claras, lo que aumenta la presión sobre los partidos para evitar que el informe quede incompleto.
La decisión también refleja el peso político del tema: el apagón expuso fallos en la red eléctrica y generó tensiones entre el Gobierno y las empresas energéticas. Con el plazo extendido hasta abril de 2027, la comisión tendrá que acelerar sus trabajos para evitar que el informe pierda relevancia en la agenda pública.
La reunión a puerta cerrada del 22 de septiembre, donde se aprobó la prórroga, contó con la presencia de los 13 diputados y se discutió la necesidad de ampliar el plazo para garantizar la exhaustividad del informe. Se enfatizó que los próximos seis meses deben servir para completar las comparecencias, estudiar la documentación y contrastar conclusiones, tal como señaló el PSOE.
