Los socialistas exigen comparecencias directas de responsables autonómicos y retrotraer la investigación parlamentaria
El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de las Cortes Valencianas que aprobó el dictamen final de la comisión de investigación sobre la DANA de septiembre de 2023, que dejó 232 muertos ahogados. El recurso, presentado tras el rechazo del voto particular socialista, denuncia una vulneración del derecho al ejercicio del cargo público y al control parlamentario sobre la Generalitat.
El PSPV argumenta que la comisión sustituyó las comparecencias directas de responsables autonómicos —como la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas o el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez— por transcripciones de sus intervenciones en el Congreso, privando a los diputados de formular preguntas o repreguntar. Además, acusan a la comisión de desplazar la fiscalización política hacia la Administración General del Estado, cuando su competencia se limita al ámbito autonómico.
La parlamentaria socialista Alicia Andújar ha explicado que el recurso pide anular la Resolución 406/XI de las Cortes y retrotraer la investigación para incluir las comparecencias impedidas. «Llegaremos hasta el final con todas las vías jurídicas y parlamentarias», ha advertido, vinculando el caso a las víctimas de la tragedia.
El dictamen, aprobado con los votos del PP y Vox, fue criticado por los socialistas por limitar el control parlamentario sobre la gestión autonómica de la emergencia. Según el PSPV, la comisión incumplió su función al no permitir interrogatorios directos a los responsables valencianos, algo que ahora reclama ante el Constitucional para restablecer los derechos vulnerados.
Las Cortes Valencianas investigaron la gestión de la DANA tras las acusaciones de desorganización en la respuesta a las inundaciones. El recurso del PSPV podría reabrir el debate sobre las competencias de control parlamentario en casos de emergencia, donde la división de responsabilidades entre Estado y autonomías suele generar tensiones políticas.
