El Consorci per a la Normalització Lingüística abre este lunes el plazo con más de 48.000 plazas
Cataluña reforzará la oferta pública de aprendizaje lingüístico mediante nuevas contrataciones si la demanda desborda las previsiones iniciales tras la regularización extraordinaria de personas migrantes. El conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Vila, confirmó este domingo durante una entrevista radiofónica en Rac1 que la administración autonómica prepara medidas de choque para dimensionar la estructura formativa ante la llegada de nuevos solicitantes.
El plan inmediato arranca este lunes con la apertura del periodo de matriculación del Consorcio per a la Normalización Lingüística, que pondrá a disposición de la ciudadanía algo más de 48.000 plazas, el registro inicial más elevado contabilizado hasta la fecha por este organismo público. La cifra supone la consolidación de una tendencia al alza que, según los datos aportados por el propio conseller, ha permitido duplicar tanto el catálogo de cursos disponibles como el volumen de alumnos inscritos desde el año 2021.
La estrategia del Ejecutivo catalán pasa por intervenir directamente en el entorno productivo para asegurar el aprendizaje en los puestos de trabajo, especialmente en los sectores vinculados a los servicios y la atención directa a los usuarios. Vila situó los centros laborales como un espacio formativo básico y remarcó que las propias empresas mantienen un interés directo en que sus plantillas dominen el idioma propio de la comunidad, un proceso que el departamento autonómico busca acelerar mediante acuerdos específicos.
Vila defendió que la lengua autonómica constituye una «herramienta fundamental» para garantizar la integración social y evitar fracturas en la convivencia colectiva. Según expuso el responsable de Política Lingüística, los brotes de rechazo social suelen originarse en la falta de cohesión interna, por lo que el Ejecutivo autonómico sostiene que la respuesta formativa debe asumirse de forma compartida entre instituciones, tejido empresarial y ciudadanía para consolidar la acogida de la población regularizada.
