Groizard descarta riesgos en el apagón eléctrico tras cerrar Almaraz, Ascó I y Cofrentes en cinco meses, mientras Junts y Sumar exigen revisar el calendario nuclear
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, ha descartado este martes que el cierre simultáneo de cuatro reactores nucleares en la segunda mitad de 2030 —Almaraz (junio), Ascó I (octubre) y Cofrentes (noviembre)— genere una «gran afectación» en la seguridad del suministro eléctrico. La decisión, que supondrá la pérdida de 4.000 megavatios (MW) de capacidad de generación, se produce tras la prórroga excepcional de Almaraz hasta junio de 2030, una medida que el Gobierno insiste en no extender al resto del parque nuclear.
La coincidencia de cierres, que dejará operativos solo tres de los siete reactores actuales, ha generado dudas entre socios de Gobierno como Junts y Sumar, así como en partidos opositores como Bildu. Groizard ha justificado la falta de preocupación por el desmantelamiento de Garoña, aún en curso —un proceso que puede durar entre 10 y 15 años—, y por el «despliegue acelerado» de energías renovables y sistemas de almacenamiento como baterías y bombeos hidráulicos, entre ellos el reciente proyecto de Repsol en Cantabria.
La prórroga de Almaraz, concedida en agosto de 2023, se argumentó por la incertidumbre energética global tras la crisis en Oriente Próximo, aunque su duración —20-30 meses— coincide con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la normalización del Estrecho de Ormuz. Eloi Badía, portavoz de Sumar, cuestionó la coherencia del Gobierno al usar ahora la crisis geopolítica como argumento, cuando en 2019 se opuso a modificar el calendario nuclear por la guerra de Ucrania.
Groizard aclaró que la prórroga de Almaraz fue «puntual» y «acotada», sin precedentes para otras centrales. La central extremeña obtuvo en 2020 una autorización de 10 años —el plazo estándar—, pero sus propietarias solicitaron solo 7 u 8 años adicionales por reactor, evitando así ampliar el almacenamiento de residuos o alterar costes. El secretario de Estado también recordó que las nucleares no están diseñadas para «amortiguar oscilaciones» en la red, algo que ya se reflejó durante el apagón de mayo de 2021, cuando no respondieron a consignas de control dinámico.
El contexto del calendario nuclear: de 2019 a 2035
El actual calendario de cierre progresivo de las nucleares españolas se acordó en 2019 entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las propietarias de las centrales, en un momento en que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) no podía asumir desmantelamientos simultáneos. La estrategia buscaba evitar cierres masivos —como los que pedían algunos partidos— y alargar la vida útil hasta 2035, con excepciones como la prórroga de Almaraz.
En ese acuerdo, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y las empresas aceptaron un cierre escalonado para garantizar la seguridad y la viabilidad económica. La prórroga de Almaraz, sin embargo, rompe parcialmente esa lógica, al conceder dos años adicionales a una central que ya tenía fecha de cierre pactada. Groizard insistió en que no se trata de un «procedimiento generalizable», pero la presión de socios como Junts —que denunció la «dependencia eléctrica de Cataluña» de las centrales de Ascó y Vandellòs— podría abrir debates sobre otras extensiones.
¿Qué se juegan los actores?
Junts, a través de su portavoz Pilar Calvo, criticó la reducción de instalaciones renovables en Cataluña durante la etapa de Salvador Illa como ministro de Transición Ecológica (2021-2023) y exigió una revisión del calendario. Para el partido independentista, el cierre de Ascó I —ubicada en Tarragona— agravaría la dependencia energética de la región, donde el 30% de la electricidad proviene de nucleares.
Sumar, aunque no es contrario a la energía nuclear en principio, cuestiona la justificación de la prórroga. Su portavoz, Eloi Badía, recordó que el Gobierno usó la crisis de Ucrania para oponerse a alargar vidas útiles en 2019, pero ahora lo hace con Oriente Próximo. «¿En qué se diferencia una guerra de otra?», preguntó, subrayando la falta de transparencia en el criterio.
Por su parte, Bildu, pese a su postura crítica con la nuclear, alertó sobre los riesgos de un cierre masivo en 2030. El partido vasco advirtió de que la pérdida de 4.000 MW —equivalente al 4% de la demanda eléctrica española— podría pensionar el sistema si no se compensa con renovables o almacenamiento. Groizard respondió que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé cubrir ese hueco, pero no detalló cómo se articulará esa transición.
En la oposición, el PP y Vox no cuestionaron el cierre en sí, pero sí la gestión del Gobierno. Vox exigió «garantías» para evitar apagones, mientras el PP pidió «coherencia» en una política energética que, según su portavoz en el Congreso, Cayetana Núñez, «alternó entre el cierre acelerado y las prórrogas improvisadas».
El mecanismo de compensación: renovables y almacenamiento
Groizard confió en que el «salto exponencial» en almacenamiento —baterías y bombeos hidráulicos— y la expansión de renovables eviten cortes. El Gobierno autorizó recientemente cinco proyectos de bombeo, incluyendo el de Repsol en Cantabria, y apuesta porque las comunidades autónomas aceleren los trámites para parques eólicos y solares.
Sin embargo, expertos consultados por 20minutos señalan que la intermitencia de las renovables —dependientes del clima— y los plazos de construcción (entre 2 y 4 años para una planta eólica) hacen difícil compensar 4.000 MW en solo cinco meses. Además, el cierre de nucleares reduce la capacidad de firm power —electricidad estable—, algo que las renovables no pueden garantizar aún.
El secretario de Estado también mencionó que las nucleares no están optimizadas para responder a picos de demanda, como demostró el apagón de 2021, cuando Almaraz y Ascó pidieron exenciones en sus prestaciones básicas. Esto limita su papel en la estabilidad de la red, incluso con reactores operativos.
La prórroga de Almaraz, finalmente, no cambia el calendario para el resto de centrales, pero sí plantea dudas sobre la capacidad de Enresa para gestionar desmantelamientos simultáneos. La empresa pública ya acumula retrasos en Garoña, cuya clausura comenzó en 2013 y whose desmantelamiento podría extenderse hasta 2033-2035. Si en 2030 cierran cuatro reactores, Enresa tendría que abrir cuatro frentes adicionales, con un coste estimado de entre 400 y 600 millones de euros por central.
El debate, en definitiva, no es solo técnico, sino político: ¿puede España permitirse cerrar el 57% de su parque nuclear en menos de cinco años sin riesgos? El Gobierno apuesta por las renovables, pero la realidad es que, en 2030, el 20% de la electricidad española seguirá dependiendo de los cuatro reactores que queden en funcionamiento.
