El Sindicato de Inquilinas acusa al Gobierno de «parche» y acusa a Ayuso de respaldar fondos buitre en Madrid
El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en Puerta del Sol exigiendo el articulado completo de los reales decretos aprobados hoy por el Gobierno sobre vivienda, mientras convocan una huelga general para el próximo sábado 3 de octubre. Desde la organización advierten que el pulso a las instituciones no terminará hasta lograr «contratos indefinidos y proyectos de vida estables», y celebraron el regreso de Maricarmen a su vivienda como un «cambio de paradigma» frente a los desahucios.
La movilización, que congregó a cientos de personas bajo la estatua del Oso y el Madroño, denuncia que el decreto gubernamental no se ajusta a sus demandas. «El Gobierno ha pasado ocho años sin hacer nada por la vivienda», reprochó uno de sus portavoces, mientras repartían folletos que califican a Isabel Díaz Ayuso de «ladrona corrupta» y «fascista al servicio del gran capital». La protesta, que incluye tensiones con la policía («Nazi pardillo, tu boca en un bordillo»), se extiende a otras causas como el antirracismo y el apoyo a Palestina.
El conflicto escaló este martes con un desahucio paralizado en la calle Navas de Tolosa, donde agentes antidisturbios negociaron con los manifestantes tras arrestar a una mujer en un forcejeo. Mientras, vecinos como Javier, de 50 años, culpan a «todos los políticos» de no haber reformado las leyes. La acampada, que superó episodios de tensión con transeúntes, mantiene su objetivo: «No nos vamos, aunque llegue el burofax de vuestro casero», aseguraron desde la organización.
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros busca paliar la emergencia habitacional, pero el Sindicato de Inquilinas exige transparencia total. «Hasta que no tengamos el documento, el pulso no ha acabado», advirtieron, mientras jóvenes como Ainara (23 años) denuncian la imposibilidad de emanciparse por la precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda. La convocatoria de huelga general para el sábado busca presionar a las instituciones, con Madrid como epicentro de las protestas.
