La Sala Penal avala la condena por prevaricación administrativa en pagos irregulares de publicidad institucional en León
El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la pena de **8 años y medio de inhabilitación** impuesta al ex presidente de la Diputación de León, **Marcos Martínez Barazón**, por un delito continuado de prevaricación administrativa en el **caso Púnica**. La sentencia, dictada por la Sala de lo Penal y con ponencia del magistrado Vicente Magro, desestima los recursos presentados por los condenados, el Ministerio Fiscal y la acusación popular, que reclamaban penas adicionales por fraude, falsedad, malversación y cohecho.
La condena afecta también a otros dos altos cargos de la institución leonesa: **Pedro Vicente Sánchez García**, coordinador general de la Diputación, y **Manuel Jesús López Sánchez**, interventor general. Ambos recibieron penas de inhabilitación de **8 años y 6 meses**, mientras que el empresario que prestaba los servicios de publicidad institucional obtuvo **4 años y 3 meses**. Los magistrados rechazaron reducir las penas por dilaciones indebidas, argumentando que la complejidad del caso justifica el plazo procesal.
El caso se remonta a **2012-2014**, cuando la Diputación de León pagó **109.124 euros** en facturas mensuales por servicios de publicidad digital (banners en diarios y difusión en redes) a la empresa **Madiva**, sin concurso público. El Supremo considera que se trató de una **adjudicación unilateral** que beneficiaba a un único proveedor, evitando competencia y vulnerando la legalidad administrativa. La sentencia califica el procedimiento como *»arbitrario, torticero y oscuro»*, al permitir pagos urgentes sin justificación real y excluyendo a otros medios de comunicación.
El interventor general, López Sánchez, fue especialmente criticado por el tribunal: aunque advirtió en **2013** de irregularidades en gastos menores a 6.000 euros, **continuó firmando facturas** durante la etapa de Martínez Barazón. El Supremo subraya que su participación fue *»decisiva y determinante»* en la operativa delictiva. La Fiscalía y la acusación popular (representada por la Asociación de Abogados Democráticos de Europa) habían solicitado revisar las absoluciones por otros delitos, pero el Alto Tribunal las desestimó, confirmando que la Audiencia Nacional actuó dentro de los límites legales.
El caso Púnica, que ya había condenado a otros implicados en 2023, revela un patrón de **opacidad en la gestión de la publicidad institucional** durante los mandatos de Isabel Carrasco (fallecida en 2014) y Martínez Barazón. La sentencia del Supremo cierra este episodio, pero deja al descubierto las **debilidades en los controles internos** de la Diputación de León, donde los pagos irregulares se repitieron durante años sin ser detectados a tiempo.
