El vicepresidente extremeño del PP alerta de «injerencias ajenas al Derecho» y exige protección institucional a la independencia judicial
Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, ha calificado este viernes de «gravedad extraordinaria» la operación contra la jueza Beatriz Viedma y ha denunciado que se está usando a personas vinculadas al narcotráfico Para Bautista afirmó que se estaba usando a personas vinculadas al narcotráfico para perseguir, grabar y filtrar Información sobre su vida privada y entorno familiar. información sobre su vida privada y entorno familiar.
Durante el VI Congreso de la Abogacía Extremeña en Cáceres, Bautista ha detallado que los audios filtrados —que mencionan instrucciones para Bautista citó audios que mencionaban instrucciones para eliminar a la magistrada. a la magistrada o «darle al menos un susto»— revelan un patrón de «injerencia externa» que amenaza el Estado de derecho. «Nunca antes habíamos conocido en nuestro país» una situación así, advirtió, al vincular el caso con la «vigilancia» de jueces y la filtración de datos personales, como seguimientos a Viedma y sus hijas, así como información sobre su domicilio y colegio.
El caso se enmarca en una fase crítica para la independencia judicial, según Bautista, quien ha recordado que Viedma investiga la trama de corrupción en la Operación Malaya, vinculada a la construcción en Extremadura. La jueza ya había recibido amenazas y fue objeto de una investigación interna Por supuestos contactos con personas cercanas al narcotráfico, aunque la Fiscalía archivó el caso por falta de pruebas. Sin embargo, los nuevos audios —citados por El Debate— sugieren una escalada: fuentes cercanas a la investigación apuntan a que las grabaciones provienen de entornos vinculados a redes criminales con intereses en los contratos públicos que Viedma analiza.
Bautista ha exigido una respuesta institucional inmediata. Bautista afirmó que no era admisible ni un minuto más de silencio por parte de quienes deben garantizar la separación de poderes. por parte de quienes deben garantizar la separación de poderes, subrayó, al criticar que Bautista comentó que 50 años de democracia no habían servido para proteger a los jueces. para proteger a los jueces. Su intervención llega en un contexto de creciente tensión política alrededor de la justicia: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha abierto una investigación interna por las filtraciones, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado un «clima de intimidación» que afecta a magistrados en casos de corrupción.
El caso Viedma no es aislado. En los últimos 12 meses, al menos tres jueces —entre ellos Elena María Palomeque, investigadora de la trama Koldo— han recibido amenazas o han visto filtrados datos personales. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por posible delito de revelación de secretos en varios casos, aunque aún no se ha identificado a los responsables materiales. Para Bautista, lo que está en juego es «el pilar básico de la democracia»: «Si los jueces están vigilados, perseguidos y se filtran datos de su entorno familiar, el sistema se resquebraja».
