La cifra, confirmada por el portavoz parlamentario del PSOE, refleja el aumento de llegadas en la crisis migratoria actual
Ángel Víctor Torres, portavoz parlamentario del PSOE, ha confirmado este lunes que el Gobierno tiene registrados 2.383 menores no acompañados en Ceuta, una cifra que refleja el agravamiento de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. La declaración, realizada en un vídeo publicado por The Objective, no especifica si estos menores ya están en territorio español o en centros de acogida, pero subraya la presión sobre los recursos locales.
La situación en Ceuta se enmarca en un contexto de tensión creciente por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, un fenómeno que ha generado roces diplomáticos entre España y el país vecino. Según datos oficiales, la ciudad autónoma ya superaba en agosto su capacidad de acogida, con más de 10.000 personas en situación irregular. La gestión de estos flujos ha sido objeto de críticas desde la oposición, que acusa al Gobierno de falta de coordinación con las comunidades autónomas y de no activar medidas excepcionales a tiempo.
El portavoz del PSOE no ha detallado en qué fase administrativa se encuentran estos menores —si están en proceso de identificación, regularización o derivación a otras regiones—, pero su declaración coincide con el aumento de solicitudes de asilo en Ceuta durante los últimos meses. Según el Ministerio del Interior, las llegadas se han multiplicado desde el inicio del año, con picos en los meses de verano. La presión sobre los servicios sociales y sanitarios ha llevado a la ciudad autónoma a solicitar refuerzos estatales, algo que el Gobierno ha prometido agilizar, aunque sin concretar plazos.
La cifra de 2.383 menores no acompañados no incluye a los menores acompañados —un grupo que, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, supera los 500 casos en lo que va de año—. Esta distinción es clave, ya que los menores no acompañados requieren protección especial por parte de las autoridades, con procedimientos distintos a los de adultos o familias. La ley española obliga a garantizar su integración social y educativa, pero la saturación de recursos en Ceuta ha generado retrasos en su asignación a comunidades autónomas.
Mientras, la oposición —con el Partido Popular (PP) a la cabeza— ha acusado al Gobierno de subestimar la crisis. Feijóo, presidente del PP, ha exigido la declaración del estado de emergencia en Ceuta, una medida que el Ejecutivo socialista ha rechazado hasta ahora. La tensión política se suma a los desafíos logísticos: la ciudad, con una superficie de solo 18,5 km², carece de espacio para albergar a miles de personas en condiciones dignas, según denuncian asociaciones de derechos humanos.
