El partido rompe su línea de rechazo a la acogida pero confía en que las trabas la harán imposible; 33 menores ya repartidos en coaliciones con el PP
Vox ha reconocido este lunes que el decreto del Gobierno que obliga al reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas también afecta a las regiones donde gobierna en coalición con el PP, y ha exigido pruebas de edad para evitar su acogida. Según su portavoz nacional, José Antonio Fúster, el texto legal «fuerza» la participación de estas administraciones, aunque el partido insiste en que los migrantes «no son niños» y que solo se acogerán a quienes demuestren ser menores de edad.
El decreto, aprobado en marzo, convierte en obligatoria la acogida de estos menores, algo que Vox ya había rechazado en sus pactos con el PP. De hecho, en los últimos 45 días, estas coaliciones han recibido ya a 33 menores, según datos de la SER. Fúster negó contradicción, pero admitió que el Gobierno «obliga» a las comunidades a participar, algo que el partido ya vivió en 2024, cuando rompió sus gobiernos autonómicos por este motivo.
Para evitar la acogida, Vox planea imponer requisitos estrictos, como pruebas de edad similares a las que ya aplica en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Fuentes del partido reconocen en privado que el decreto es vinculante, pero confían en que las trabas administrativas lo harán inaplicable. Aunque descartan una nueva ruptura con el PP, la tensión política es evidente: el Gobierno acusa a Marruecos de generar violencia en Ceuta tras la llegada de migrantes, mientras Vox culpa a Pedro Sánchez de «explosión de violencia» en la ciudad.
El conflicto legal se enmarca en el Acuerdo España-Marruecos de 2007, que permite la repatriación de menores, y en la Carta de Derechos de la Infancia, que garantiza su protección. Vox argumenta que ambas normas son compatibles: exigen pruebas de edad para evitar acogidas forzosas, pero también piden al Gobierno que agote las vías de devolución antes de acoger a los migrantes.
