El secretario de Estado acusa al PP de manipular datos y asegura que las alertas fueron «adecuadas», pero los ayuntamientos ya actuaron en zonas de riesgo
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, justificó este martes en la comisión parlamentaria sobre la dana del 29 de octubre de 2023 que la actualización de los mapas de zonas inundables requiere «no menos de dos años» por su complejidad. El procedimiento, explicó, incluye consultas a administraciones, afectados y reclamaciones sobre usos del suelo, propiedades y títulos, lo que retrasó su revisión pese a que las obras de emergencia ya están concluidas.
Morán respondió así a las acusaciones del senador Francisco Javier Márquez (PP), quien cuestionó el retraso: *»Dos años después, los mapas no están actualizados; para cuándo las obras entonces»*. El secretario de Estado defendió que la información de alertas meteorológicas e hidrológicas fue «suficiente» y que las autoridades que actuaron a tiempo «salvaron vidas». Sin embargo, reconoció que quienes «despreciaron» esos avisos —emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar— sufrieron las consecuencias.
El procedimiento de revisión de cartografía, que afecta a planificación urbanística y desarrollos económicos, ya se inició tras la riada. Según Morán, los ayuntamientos del territorio afectado —como Valencia, Sagunto o Puçol— despejaron zonas ocupadas ilegalmente en suelos inundables, pero la actualización oficial sigue pendiente. El PP insiste en que el Gobierno es «responsable» de la tragedia por no actuar con más celeridad.
La dana de octubre de 2023 dejó 12 fallecidos en la Comunidad Valenciana y daños por más de 1.200 millones de euros. Los mapas de riesgo, clave para evitar nuevas catástrofes, son revisados cada seis años, pero su actualización tras fenómenos extremos como este suele alargarse por los intereses en juego. Morán insistió en que «la información era la misma para todos», pero el PP denuncia que el Gobierno «ocultó» datos para minimizar el alcance de la alerta.
En su comparecencia, Morán explicó que el proceso de actualización de la cartografía de suelos inundables implica trasladar seguridad jurídica a los posibles afectados desde que se inicia el procedimiento hasta su conclusión, normalmente transcurriendo no menos de dos años. Además, afirmó que el trámite requiere informar a todas las administraciones y a los afectados, ya que suelen surgir reclamaciones, solicitudes de más información y disconformidades que deben resolverse antes de que se puedan aprobar nuevas obras o cambios en el uso del suelo.
El secretario de Estado añadió que, tras la dana, la Confederación Hidrográfica y los ayuntamientos del territorio afectado han despejado las zonas que se consideraban suelos inundables, pero que la actualización oficial de los mapas sigue pendiente. Este procedimiento, que afecta a la planificación urbanística, usos del suelo, propiedades y títulos, se lleva a cabo siguiendo un proceso legal que garantiza la participación de todas las partes interesadas y la protección de los derechos de los ciudadanos.
