Junts exige al Supremo aplicar ya la ley a Puigdemont y rechaza cualquier acercamiento con el partido que impulsó la norma
Jordi Turull, secretario general de Junts, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Constitucional que avala la aplicación de la ley de amnistía a su caso, pero ha descartado que esto facilite una reconciliación con el PSOE, partido con el que su formación rompió su acuerdo de investidura. Turull ha exigido al magistrado Pablo Llarena, del Supremo, que aplique «sin demora» la amnistía a Carles Puigdemont, cuyo regreso a Cataluña sin riesgo de detención considera «un paso clave» para que la ley cumpla su objetivo.
El Constitucional ha respaldado el amparo solicitado por Turull para que el Supremo le aplique la amnistía, una decisión que también allanaría el camino para que Puigdemont —actualmente exiliado en Bélgica— pueda regresar a España sin ser juzgado por su papel en el referéndum del 1-O. Turull ha criticado que la judicatura española haya «politizado» la justicia, pero ha advertido que la aplicación real de la ley solo se confirmará cuando Puigdemont «pasee por Cataluña». La certificación definitiva del Constitucional está prevista para el 6 de octubre.
Turull ha dejado claro que el aval constitucional no servirá para reanudar el diálogo con el PSOE, al que acusa de haber incumplido puntos clave del acuerdo de investidura, como la oficialidad del catalán en Europa o la transferencia de competencias en inmigración —este último punto sigue bloqueado en el Congreso por la negativa de Podemos a respaldarlo—. «El PSOE ya votó la amnistía, pero luego no cumplió nada más», ha afirmado, subrayando que su relación está rota.
Mientras, Puigdemont ha anunciado que recorrerá Cataluña para medir el apoyo popular antes de decidir si se presenta como candidato en las próximas elecciones autonómicas. Junts, sin embargo, ha descartado que Turull asuma ese papel en caso de que Puigdemont retire su candidatura, según ha confirmado el propio secretario general.
El Tribunal Constitucional llegó a su decisión tras la última deliberación del Tribunal Supremo, donde se revisó el caso de Turull y se confirmó la posibilidad de aplicar la amnistía. Este paso, que se considera una desautorización de los jueces que han ejercido activismo político, se produce en un contexto donde el Supremo aún debe decidir sobre la aplicación concreta de la ley de amnistía a Puigdemont antes del 6 de octubre.
