El ministro niega indicios contra Marruecos frente al auto de María Tardón sobre el guiado activo de migrantes
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha cuestionado públicamente la imparcialidad de María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional encargada de la investigación penal sobre la entrada en Ceuta de decenas de miles de personas migrantes los días 30 y 31 de julio. Durante su intervención en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, el titular de Transportes remarcó los vínculos pretéritos de la instructora al señalar que en 1999 ejerció como concejala independiente en las listas del PP dentro del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el que sostuvo que la togada proviene de la actividad partidista.
Las declaraciones de Puente colisionan frontalmente con el criterio jurídico fijado por el Juzgado Central de Instrucción correspondiente, que atribuye a las autoridades marroquíes una implicación directa sobre el terreno fronterizo. En su resolución, Tardón subraya una «clara e indudable gestión favorecedora» desplegada desde el país vecino para facilitar el paso irregular hacia la ciudad autónoma, sustentada según el auto en el «constatado y gráficamente contrastado comportamiento» de agentes que habrían desarrollado un «guiado activo» de las personas que superaron los controles terrestres.
Frente a esta tesis judicial, el integrante del Consejo de Ministros rechazó de plano que existan pruebas concluyentes contra Rabat y descalificó el atestado en el que se apoya la causa. Puente argumentó que el Ejecutivo no dispone de ninguna evidencia que demuestre una maniobra orquestada por la administración alauí, al tiempo que censuró las pesquisas al indicar que el informe policial incorpora imágenes que ni siquiera corresponden al término municipal ceutí.
El choque institucional derivado de las entradas migratorias de finales de julio extiende además sus fricciones al ámbito de la distribución territorial de los recién llegados. En relación con el reparto de estas personas, Puente aseguró que la Moncloa trabaja para ubicarlas en emplazamientos con el menor impacto en la convivencia cotidiana, pero achacó complicaciones de gestión al Ejecutivo ceutí, al que acusó de incumplir los compromisos asumidos previamente en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.
