Rodríguez defenderá la moratoria de desahucios hasta 2030 y Bustinduy la prórroga automática de alquileres en el Pleno del viernes
El Gobierno de Pedro Sánchez dividirá la defensa de sus dos decretos leyes de vivienda en el Pleno extraordinario del Congreso de el viernes, con Isabel Rodríguez (PSOE) y Pablo Bustinduy (Sumar) como portavoces de las medidas. Rodríguez defenderá la moratoria de desahucios hasta 2030 y la prórroga de contratos hasta 2028, mientras Bustinduy asumirá la prórroga automática de alquileres, una propuesta impulsada por Sumar y el Sindicato de Inquilinas que el PSOE ya había condenado a derogación.
Fuentes del Ejecutivo restan importancia a que no haya una única voz del Gobierno en el Pleno. Fuentes del Ejecutivo señalan que ambos socios compiten por el rédito electoral de las medidas, una dinámica que se puso de manifiesto el martes durante el Consejo de Ministros. Allí, los cinco ministros de Sumar convocaron una rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo a la misma hora que la habitual de la Moncloa. La reunión comenzó con una hora de retraso por el tira y afloja entre PSOE y Sumar, que se resolvió cuando Sánchez ofreció aprobar la prórroga automática en un decreto aparte.
Rueda de prensa de Sumar a la misma hora que Moncloa
El decreto de Bustinduy, que extiende automáticamente los contratos de alquiler, lleva el sello de Sumar y del Sindicato de Inquilinas. El PSOE lo había tachado de inviable desde su diseño, pero la presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinas obligó a negociar su inclusión.
El Pleno de el viernes medirá el apoyo parlamentario a los dos decretos. El PP y Vox ya han anunciado su rechazo a los decretos. La prórroga de alquileres, además, enfrenta al Gobierno con el sector inmobiliario, que advierte de un posible colapso del mercado si no se flexibilizan las condiciones.
PP y Vox anuncian su rechazo a los decretos
Lo que está en juego va más allá de los votos: es una prueba de fuego para la capacidad del Gobierno de gestionar conflictos internos sin que se traduzcan en debilidades públicas. Ahora, con cada ministro defendiendo su decreto, el riesgo es que la percepción de desunión se consolide, justo cuando el Ejecutivo necesita presentar una imagen de solidez ante las elecciones europeas de 2027.
