Los otros dos desahucios previstos para la misma jornada se ejecutaron y el Congreso celebrará un pleno extraordinario el viernes para convalidar el real decreto
El partido judicial de Palma ha paralizado este jueves un desahucio gracias al decreto Maricarmen, la norma aprobada el martes por el Consejo de Ministros para proteger a inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional. El inquilino, en situación de vulnerabilidad, logró suspender el lanzamiento al alegar que carece de vivienda alternativa, según fuentes judiciales consultadas por El Debate. Los otros dos desahucios previstos en la misma jornada sí se ejecutaron.
La medida, ya en vigor desde su publicación en el BOE el miércoles, obliga a los tribunales a consultar con las administraciones autonómicas para ofrecer una solución habitacional. Si no hay respuesta o recursos disponibles, el procedimiento puede mantenerse suspendido hasta que se garantice una alternativa. El viernes están previstos otros dos lanzamientos en Palma, y su evolución dependerá de si los jueces aplican la misma norma.
El decreto Maricarmen —que ahora debe ser convalidado por el Congreso el viernes— contrasta con las advertencias del Govern balear. La presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), advirtió ayer que las nuevas medidas perjudicarán a los pequeños propietarios, que representan el 96% del parque residencial en Baleares. Prohens alertó de que la obligación de indemnizar con 12 mensualidades en ciertos casos de no renovación de contrato podría llevar a muchos a retirar sus viviendas del mercado, agravando la escasez de oferta que ya impulsa los precios.
El Ejecutivo autonómico recuerda que, en los últimos 20 años, la población de Baleares creció un 50%, mientras la construcción de viviendas solo lo hizo un 30%. Prohens criticó que los decretos «no van a la raíz del problema» y se sumó al llamamiento de Alberto Núñez Feijóo (PP) a Junts y al PNV para que no respalden las normas en el Congreso.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el martes 30 de septiembre, se publicó en el BOE el miércoles 1 de octubre y entró en vigor el mismo día, lo que permite a los tribunales suspender los procedimientos de desahucio cuando se trate de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional. El Tribunal de Palma, al paralizar el lanzamiento, seguirá el procedimiento establecido por el decreto, esperando la respuesta de la Administración autonómica para determinar la disponibilidad de recursos habitacionales.
