Junts condiciona su apoyo al texto de mínimos, mientras Sumar denuncia un ‘divide y vencerás’ que deja fuera su medida estrella
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, aprobó este martes en el Consejo de Ministros dos reales decretos leyes separados para evitar el rechazo parlamentario de Junts, que bloquearía la renovación automática de contratos de alquiler exigida por Sumar. El decreto Maricarmen —con medidas como prohibición de desahucios hasta 2030 y congelación del alquiler al 2%— se someterá a convalidación el viernes en un Pleno extraordinario, mientras el segundo texto, que incluye la renovación automática, podría entrar en vigor solo 72 horas antes de ser derogado.
La estrategia del Gobierno, calificada por Rodríguez como «inteligencia política», consistió en aislar en un decreto aparte la medida más polémica: la renovación automática de contratos, que obliga a los arrendadores a justificar causas para no renovar o indemnizar al inquilino. Sumar, que exigía su inclusión en el texto principal, se conformó con un decreto en solitario, mientras Junts ya ha anunciado que no apoyará esta segunda norma. El PSOE, por su parte, priorizó salvar el decreto Maricarmen —con medidas como prohibición de desahucios a colectivos vulnerables hasta 2030, prórroga de contratos hasta 2028 y gravamen del 10% a pisos turísticos— para evitar un colapso parlamentario.
La decisión se adoptó tras negociaciones que retrasaron el Consejo de Ministros hasta las 10:30 horas, con ministros colgados del teléfono y conversaciones paralelas. La ministra Rodríguez admitió en rueda de prensa no tener clara la última versión del texto, lo que generó confusión sobre plazos y detalles técnicos. Mientras, los ministros de Sumar —Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García— celebraron el acuerdo en una rueda de prensa separada, aunque Ione Belarra criticó que el Gobierno «sigue jugando al divide y vencerás» y exigió unificar las medidas en un solo decreto.
Las concesiones del PSOE a Junts para salvar el decreto Maricarmen
El texto final incluye cambios clave para ganar el apoyo de Junts: el IVA del 10% a pisos turísticos (frente al 21% inicial), bonificaciones fiscales a pequeños propietarios y la exclusión de Cataluña de la nueva regulación de alquileres de habitaciones, al tener esta comunidad su propia normativa. Estas concesiones, junto a la promesa de que el decreto Maricarmen será convalidado sin dilación, buscan evitar que Junts repita su rechazo a medidas anteriores, como la prórroga de alquileres que generó un «guirigay jurídico» entre marzo y abril de 2026.
El precedente de la prórroga de alquileres: cómo un mes de vigencia generó caos legal
En marzo de 2026, el Gobierno aprobó una prórroga de un mes para contratos de alquiler que finalizaban antes de abril, una medida que Sumar impulsó para evitar desahucios masivos. Sin embargo, la falta de claridad en su aplicación generó confusión: inquilinos enviaron burofaxes a arrendadores, mientras estos últimos denunciaron incumplimientos. El caos legal se resolvió cuando el Congreso rechazó la prórroga, dejando a miles de inquilinos en una situación de incertidumbre. Este episodio refleja el riesgo que asume el Gobierno al aprobar medidas urgentes sin consenso parlamentario, como ahora con la renovación automática de contratos.
El PSOE cede ante Junts para salvar su decreto de vivienda
Para el PSOE, salvar el decreto Maricarmen es prioritario: evita un colapso en su estrategia de vivienda y mantiene a Junts en la mayoría de investidura, aunque a costa de ceder en medidas clave para Sumar. Este partido, aunque crítico, dará apoyo parlamentario por presión de su electorado, pero sin entusiasmo. Junts, por su parte, condiciona su respaldo al decreto Maricarmen, mientras rechaza el segundo texto por considerarlo «injusto» para propietarios. La movilización social, clave para Sumar, podría reactivarse si la renovación automática es derogada, aunque el Gobierno confía en que el Pleno extraordinario del viernes evite un nuevo enfrentamiento.
El mecanismo legal: cómo un Pleno extraordinario puede derogar una norma en 72 horas
El Gobierno ha convocado un Pleno extraordinario para el viernes con el objetivo de convalidar ambos decretos leyes. Sin embargo, el segundo texto —el de renovación automática— podría entrar en vigor antes de ser debatido, generando un vacío legal si es rechazado. Este mecanismo, similar al usado en 2026 para la prórroga de alquileres, depende de la fecha de publicación en el BOE y del plazo de entrada en vigor que incluya el texto. Si el decreto se publica el jueves y entra en vigor al día siguiente, tendría solo 48 horas de vida antes de ser derogado, como ocurrió con la prórroga de marzo-abril. La Moncloa justifica la urgencia en el «contexto social», pero el riesgo de inestabilidad jurídica es alto.
Mientras, el Sindicato de Inquilinas mantiene su acampada en la Puerta del Sol, exigiendo la aplicación íntegra de las medidas. La estrategia del Gobierno, aunque exitosa a corto plazo, deja al descubierto las tensiones internas en la coalición y la fragilidad de las reformas en materia de vivienda.
