La prórroga de contratos y la prohibición a fondos de inversión entran en vigor tras el caso de Maricarmen Abascal, pero el Sindicato de Inquilinas critica la división en dos textos legales
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes dos reales decretos ley con medidas urgentes en vivienda que amplían hasta 2030 la protección contra desahucios para personas vulnerables y limitan la compra de viviendas por fondos de inversión hasta 2028. Las normas, impulsadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal —la anciana de 87 años desalojada en Madrid tras 70 años en el mismo piso—, buscan frenar la especulación inmobiliaria y garantizar la estabilidad de los arrendatarios, aunque el Sindicato de Inquilinas ha tachado de «farsa» la división de las medidas en dos textos legales.
El primer decreto, el más amplio, incluye la suspensión de desahucios para familias sin alternativa habitacional hasta finales de 2030 —dos años más de lo previsto—, la prórroga automática de contratos de alquiler hasta 2028 y restricciones a fondos buitre. El segundo, añadido en última hora, regula el alquiler de temporada y habitaciones, una medida que el PSOE y Sumar negociaron por separado y que ahora el Gobierno quiere convalidar en un pleno extraordinario del Congreso el viernes.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificó la división por la «incorporación de última hora» de la regulación de alquileres temporales, que no pudo negociarse con otros grupos parlamentarios con el mismo detalle. Sin embargo, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, advirtió: «Si permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. Será una farsa».
Medidas clave: de la prórroga de contratos a la congelación de precios
Los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse automáticamente otros dos años, siempre que el inquilino esté al corriente de pago. Esta medida evita que los arrendatarios afronten subidas de renta en un mercado pensionado. Además, los desahucios para personas vulnerables —como el caso de Abascal— quedarán suspendidos hasta 2030, con refuerzo de la intervención pública en estos procedimientos.
El decreto también limita hasta 2028 la compra de viviendas por fondos de inversión, salvo que destinen los inmuebles a alquiler asequible. La ministra Rodríguez aclaró que la medida no incluye expropiaciones, una de las reivindicaciones de Sumar y Podemos, sino que busca evitar «prácticas especulativas». Sin embargo, aún no está claro qué empresas quedarán exactamente afectadas.
En cuanto a los precios, los contratos que ya superen el índice legal de referencia quedarán congelados (0% de actualización), mientras que el resto tendrán un límite del 2% anual hasta 2027. Para los alquileres turísticos, el Gobierno reduce el IVA del 21% al 10% y limita su duración a 31 días, con recargos en el IBI para zonas pensionadas.
El contexto: ¿por qué ahora y qué precedente hay?
La aprobación de estos decretos llega en un momento de máxima presión social por la crisis de vivienda, agravada por casos como el de Maricarmen Abascal, que movilizó a colectivos y partidos. El Gobierno ya había prorrogado la moratoria de desahucios durante la pandemia, pero ahora la extiende hasta 2030, vinculándolo explícitamente al caso de la anciana madrileña.
El marco legal parte de la Ley de Vivienda de 2023, que ya establecía límites a los precios en zonas pensionadas y regulaba el alquiler social. Sin embargo, la división entre PSOE y Sumar —especialmente en temas como el alquiler de habitaciones— ha retrasado la aplicación de medidas consensuadas. La nueva regulación de alquileres temporales, por ejemplo, busca cerrar una laguna que permitía eludir las normas de vivienda habitual mediante contratos de corta duración.
Implicaciones: ¿quién gana y quién pierde?
Los inquilinos son los principales beneficiarios: prórroga de contratos, congelación de precios y protección reforzada contra desahucios. Sin embargo, el sector inmobiliario y los fondos de inversión podrían ver limitadas sus operaciones, especialmente en zonas con alta demanda. La división en dos decretos, además, complica su tramitación parlamentaria, ya que el Gobierno busca convalidarlos en un solo pleno extraordinario el viernes.
Políticamente, el PSOE gana visibilidad en un tema clave para su electorado, aunque la alianza con Sumar se resiente por la exclusión de medidas como la expropiación de viviendas. La oposición, por su parte, podría criticar la falta de consenso y la urgencia del proceso, pero sin una alternativa clara en la mesa.
El Sindicato de Inquilinas, aunque celebra las medidas, advierte del riesgo de que la división en dos decretos debilite su impacto. «No queremos que esto se convierta en un parche más», declaró Racu, quien exigió que las normas se aprueben como un paquete único para evitar vacíos legales.
Queda por ver si los ayuntamientos —que tendrán mayor margen para gravar viviendas vacías— y las plataformas de alquiler turístico (como Airbnb) recurrirán las nuevas restricciones. Mientras, el Gobierno confía en que los decretos, aunque fragmentados, logren estabilizar un mercado inmobiliario en tensión.
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