La acampada en Sol y la presión social aceleran la votación en el Congreso el viernes, mientras Ayuso exige desalojar el campamento
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este viernes 29 de septiembre en el Congreso dos decretos leyes de vivienda —uno que prohíbe desalojos a vulnerables hasta 2030 y otro que renueva automáticamente alquileres— para capitalizar la indignación social tras el desahucio de Maricarmen Ábalos en Madrid.
La medida, aprobada el martes 19 de septiembre por el Consejo de Ministros y votada en un pleno extraordinario, busca reunir a la mayoría parlamentaria de la investidura de 2023 (desde Junts hasta Podemos) en un momento de tensión por la inflación y la crisis de alquileres. El Ejecutivo ignora la presión de Isabel Díaz Ayuso, quien exigió desalojar la acampada en Sol —que lleva una semana en pie— y acusó al Gobierno de «impunidad».
El decreto incluye prohibir desalojos a familias vulnerables hasta 2030, vetar a fondos buitre hasta 2028 y prorrogar dos años los contratos de alquiler vigentes. También se votará la prórroga del escudo social contra la inflación (ya en el 4,9% por el alza de combustibles), clave para evitar fracturas en la coalición.
La acampada en Sol, organizada por el Sindicato de Inquilinas, no será desalojada por el Gobierno, que argumenta que es «pacífica y espontánea». Ayuso, sin embargo, amenazó con actuar si no se retira en 48 horas, respaldada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La policía municipal sería la encargada del desalojo, pero el Ejecutivo confía en que el campamento siga en pie hasta la votación.
Estos decretos son la primera prueba de fuego para la mayoría parlamentaria tras el caso Maricarmen, que reavivó el debate sobre vivienda. El Gobierno aprovecha el contexto para impulsar también el nuevo modelo de financiación autonómica y los presupuestos de 2027, pendientes de aprobación.
