La renovación automática de alquileres se anulará en horas tras un ‘vodevil legal’ que deja a Junts bajo presión para convalidarlo el viernes
Pedro Sánchez ha aprobado este miércoles y jueves dos decretos leyes de vivienda incompatibles entre sí, escalonados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para evitar un conflicto legal,, pero con un calendario que deja la renovación automática de alquileres en vigor solo unas horas antes de su posible derogación en el Congreso. El Gobierno, presionado por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, ha optado por una solución técnica: publicar primero el decreto que prorroga los contratos hasta diciembre de 2028 y posponer el segundo —que establece la renovación indefinida— hasta el jueves. Según el Derecho español, la última norma publicada prevalece, pero el Ejecutivo da por hecho que el decreto de renovación automática será derogado el viernes en el Pleno, tras la convalidación del primero.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no pudo aclarar ni siquiera cuándo entrarían en vigor ambas normas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Según reconoció, «eso no me lo sé», mientras rebuscaba entre borradores en medio de la comparecencia. Los textos definitivos, que debían enviarse a los grupos parlamentarios la tarde del martes, llegaron al Congreso de madrugada, acelerando un proceso que el Gobierno ha recortado al mínimo legal para reducir la presión sobre sus socios.
El decreto que se publicará el jueves anulará parcialmente al de hoy, pero solo durante unas horas: el Ejecutivo prevé que la renovación automática de alquileres —exigida por Sumar y el Sindicato de Inquilinas— sea derogada el viernes en el Congreso. Así, la medida quedará en un «visto y no visto», como advierte el propio Gobierno. La estrategia busca evitar un «guirigay legal» mayor, pero ha generado críticas desde los socios de izquierdas, que denuncian una «cobardía» al trocear el decreto.
Ione Belarra, líder de Podemos, acusó al vicepresidente Carlos Cuerpo de «trampa» en el Congreso: «Lo único que están intentando hacer es trocear el decreto Maricarmen que el Sindicato de Inquilinas les ha pedido que traigan completo. Esta vez no va a colar». Belarra exigió medidas estructurales, como la expropiación de viviendas de fondos buitre, y advirtió: «Si de verdad quieren hacer algo, traigan el decreto completo».
El Gobierno dispone de un plazo legal de 30 días para convalidar los decretos, pero en esta ocasión lo ha reducido al mínimo. La publicación escalonada responde a una incompatibilidad técnica: el primer decreto prorroga los contratos hasta 2028, mientras el segundo establece una renovación automática indefinida. Si ambos entraran en vigor a la vez, el conflicto legal sería mayor. La solución, según fuentes del Ejecutivo, es que la última norma publicada (la del jueves) anule parcialmente a la primera, pero solo hasta que el Congreso decida.
El calendario es ajustado: los decretos deben ser convalidados antes del 30 de octubre, plazo que el Gobierno ha intentado acortar para evitar tensiones, especialmente con Junts, clave para la aprobación. La Mesa del Congreso ya calificó los textos este miércoles por la mañana, un paso previo a su votación en el Pleno del viernes.
El ‘decreto Maricarmen’ y la presión de Sumar
El decreto que se publicará el jueves responde a una exigencia concreta de Sumar y el Sindicato de Inquilinas: la renovación automática de alquileres, una medida que el Gobierno ha intentado negociar sin éxito con el sector inmobiliario. La división en dos normas busca cumplir con ambos frentes, pero el resultado es un vodevil legal que deja en evidencia la falta de consenso interno. Mientras el PSOE defiende la prórroga hasta 2028, Sumar insiste en la renovación indefinida, una postura que el Gobierno ha cedido para evitar fracturas.
La ministra Isabel Rodríguez admitió en la rueda de prensa que los textos no estaban definitivos, algo inusual en un decreto ley. La prisa por aprobar las medidas —y la división en dos normas— ha generado confusión incluso entre los propios grupos parlamentarios. Junts, que debe votar la convalidación, se encuentra en una posición incómoda: apoyar el decreto sin la renovación automática podría alienar a su electorado, pero rechazarlo en bloque podría debilitar su relación con el Gobierno.
El precedente legal: ¿qué pasa cuando dos normas colisionan?
En el Derecho español, cuando dos normas entran en conflicto, prevalece la última publicada. Es el principio de lex posterior derogat priori, aplicado aquí para evitar un vacío legal. Sin embargo, en este caso, el Gobierno ha diseñado un calendario que anula el efecto práctico de la segunda norma: si el decreto de renovación automática se deroga el viernes, su vigencia será efímera. La estrategia busca cumplir con la exigencia de Sumar sin comprometer la estabilidad de la medida principal (la prórroga hasta 2028), pero el resultado es un proceso acelerado y opaco.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el primer decreto este miércoles y el segundo el jueves, pero ambos estarán en vigor solo hasta que el Congreso decida. La convalidación del viernes será clave: si los grupos aprueban el decreto de prórroga (hasta 2028), el de renovación automática quedará sin efecto al día siguiente. Así, la medida estrella de Sumar —la renovación indefinida— durará menos de 24 horas.
El PSOE busca aprobar vivienda sin fracturar alianza con Sumar
El PSOE busca aprobar una medida de vivienda sin fracturar su alianza con Sumar, pero la división en dos decretos ha generado desconfianza. Podemos y el Sindicato de Inquilinas exigen la renovación automática como condición para apoyar el paquete, mientras el Gobierno intenta equilibrar ambas posturas. Junts, por su parte, tiene los votos necesarios para bloquear la convalidación, pero su apoyo es incierto: el partido catalán ha criticado en el pasado las medidas de vivienda del Gobierno como insuficientes.
El sector inmobiliario, aunque no ha reaccionado públicamente, ve con recelo ambas normas. La prórroga hasta 2028 ya genera tensiones con los propietarios, y la renovación automática —aunque efímera— podría desestabilizar el mercado. La Federación Española de Asociaciones Inmobiliarias (FEDEA) no ha emitido un comunicado, pero fuentes cercanas advierten de que «cualquier medida que limite la libertad contractual será impugnada ante los tribunales».
El calendario es clave: si el Congreso no convalida los decretos antes del 30 de octubre, caducarán automáticamente. El Gobierno ha optado por acelerar el proceso para evitar que la presión aumente, pero el resultado es un escenario caótico, con normas que entran y salen de vigor en menos de 72 horas. La renovación automática de alquileres, en particular, quedará reducida a un episodio simbólico, sin impacto real en el mercado.
Para los inquilinos, la medida más relevante es la prórroga hasta 2028, que evita desahucios durante dos años. Sin embargo, la renovación automática —aunque breve— podría sentar un precedente en futuras negociaciones. El Sindicato de Inquilinas ya ha advertido que «esto no es suficiente»: exigen expropiaciones y un plan de vivienda pública, algo que el Gobierno no ha incluido en los decretos.
El ‘vodevil legal’ de estos días refleja la tensión interna del Gobierno y la dificultad para aprobar medidas de vivienda sin fracturas. La división en dos decretos, la publicación escalonada y la convalidación acelerada son señales de un Ejecutivo bajo presión, con poco margen para errores. Si el Congreso aprueba la prórroga hasta 2028 pero rechaza la renovación automática, el resultado será una victoria pírrica: una medida de vivienda sin el respaldo de Sumar y con un impacto limitado.
