Amnistía Internacional denuncia palizas, robos y confiscación de teléfonos por parte de unidades de Regulares y Legión
El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional que documenta torturas y tratos crueles a migrantes por parte de militares en la ciudad autónoma, mientras ordena una investigación interna para identificar responsabilidades individuales. La denuncia, publicada este mismo día, detalla un «patrón» de prácticas como palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero, así como la confiscación y rotura de teléfonos móviles, sin distinción de edad, género o condición.
El informe, atribuido específicamente a unidades de Regulares y de la Legión, obliga ahora al Ministerio —dirigido por Margarita Robles— a actuar tanto en el ámbito judicial como disciplinar. La remisión a la Fiscalía y al juzgado abre la vía penal, mientras que la instrucción al Mando de Operaciones (MOPS) busca preservar el «buen hacer» de las Fuerzas Armadas, según confirmaron fuentes del departamento.
Ceuta, con una población de 85.000 habitantes y una presión migratoria constante desde 2023, se ha convertido en el epicentro de estas acusaciones. La ciudad autónoma depende directamente del Estado para su seguridad, lo que refuerza la gravedad de los hechos: las competencias en fronteras terrestres corresponden al Ministerio de Defensa, mientras que la gestión de flujos migratorios recae en el Ministerio del Interior. Este caso podría reabrir el debate sobre el control civil y militar en zonas fronterizas, especialmente tras los incidentes de mayo de 2024, cuando la Guardia Civil fue acusada de uso excesivo de la fuerza durante una operación similar.
Las reacciones políticas aún no han sido oficiales, pero el PSOE —partido en el Gobierno— deberá equilibrar su defensa institucional con la presión social. La oposición, por su parte, podría exigir medidas urgentes, como la suspensión de las unidades implicadas hasta que se resuelva el caso. Amnistía Internacional ha insistido en que estos hechos no son aislados, sino parte de un «patrón sistemático» que requiere una respuesta coordinada entre administraciones.
