Actualización (30 de septiembre a las 16:08):
El Gobierno confía en aprobar los decretos el viernes, pero los independentistas exigen incluir fondos buitre y protección familiar
Junts por Cataluña ha puesto en jaque los decretos de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez someterá a votación el viernes en el Congreso, tras detectar que dos medidas clave —la regulación de los fondos buitre y la protección específica a las familias— no se han incluido en el texto final.
El Ejecutivo, que negocia desde julio un paquete de medidas para frenar la emergencia habitacional, confía en aprobar los decretos con el apoyo de sus socios, pero las fuentes del partido independentista advierten de su «decepción» y «preocupación» tras el análisis del documento. Sánchez, por su parte, se mostró «razonablemente optimista» en una comparecencia este miércoles junto al presidente francés, Emmanuel Macron.
Los decretos, aprobados en Consejo de Ministros el martes, incluyen la renovación automática de alquileres y otras medidas negociadas durante meses. Sin embargo, Junts exige que se incorporen dos puntos concretos: la regulación de los fondos buitre —inversores que adquieren viviendas para revenderlas— y garantías para las familias en riesgo de exclusión. «Pedíamos rigor y solvencia, y tras el primer análisis del texto vemos que estos aspectos no están», señalan fuentes del partido.
Según las mismas fuentes, Junts recibió el documento final a última hora el martes y, tras un primer análisis, decidió no revelar el sentido de su voto, pero manifestó que la falta de los dos puntos clave constituye una grave deficiencia del texto. Esta postura se mantiene a pesar de la presión del Gobierno, que ha incorporado medidas de otros grupos parlamentarios para intentar cerrar la brecha.
El Gobierno, que necesita el apoyo de Junts y Podemos para aprobar los decretos, insiste en que ha incorporado medidas de otros grupos parlamentarios. La presión se incrementó tras el desahucio de Maricarmen, un caso que reactivó la urgencia de la reforma. Sánchez apeló a la «responsabilidad» de los grupos, subrayando que se trata de una «cuestión de humanidad» y no ideológica.
La votación está prevista para el viernes, pero el rechazo de Junts podría dejar en el aire el paquete completo, especialmente el decreto más extenso, que lleva meses en negociación. El segundo decreto, sobre renovación de alquileres, tiene menos apoyo y el Gobierno ya anticipa dificultades para su aprobación.
Actualización (30 de septiembre a las 13:30):
El acuerdo para Maricarmen se juega en el Congreso mientras los acampados en Sol celebran su regreso a casa
El Gobierno intenta cerrar un acuerdo con Sumar para aprobar este martes 29 de septiembre el decreto de vivienda, conocido como decreto Maricarmen, pero la formación liderada por Yolanda Díaz amenaza con bloquearlo si la norma se queda en un mero parche. Mientras, los acampados en la Puerta del Sol reciben con esperanza un avance que podría permitir a una anciana recuperar su vivienda.
La presión de Sumar obliga al Ejecutivo a acelerar las negociaciones para evitar que la iniciativa quede en agua de borrajas. La formación exige cambios sustanciales para que el decreto no sea percibido como una solución cosmética, mientras el Gobierno intenta equilibrar las demandas sociales —representadas por los acampados— y las exigencias parlamentarias.
El decreto, que lleva el nombre de Maricarmen, una anciana desahuciada que ha movilizado a la opinión pública, incluye medidas para facilitar el regreso de personas en situación de vulnerabilidad a sus viviendas. Sin embargo, su aprobación en el Congreso depende ahora de que Sumar retire su amenaza de abstención o voto en contra, algo que solo ocurrirá si el texto final cumple con sus exigencias.
La movilización en Sol ha crecido en los últimos días, con cientos de personas acampadas exigiendo soluciones reales. El acuerdo para Maricarmen ha servido como símbolo de esperanza, pero también como termómetro de la eficacia del decreto. Si el texto no convence a Sumar, el Gobierno podría verse obligado a retrasar su votación o incluso a replantear su contenido.
Sumar ve el decreto sin pasar por el Parlamento y sin tope al alquiler
El decreto de vivienda responde a una crisis de desahucios y alquileres inasumibles que ha afectado especialmente a colectivos vulnerables. Sin embargo, su tramitación acelerada —sin pasar por el Parlamento en tiempo récord— ha generado escepticismo. Sumar argumenta que el texto actual no aborda las causas estructurales del problema, como la especulación inmobiliaria o la falta de viviendas sociales.
El Gobierno, por su parte, defiende que el decreto es un primer paso para aliviar la emergencia, aunque reconoce que necesitará reformas más profundas en el futuro. La tensión se centra en si el texto actual es suficiente para satisfacer tanto a los acampados como a los grupos parlamentarios.
Las implicaciones: ¿aprobación o bloqueo?
Si Sumar mantiene su postura, el decreto podría ser rechazado o modificado en el último momento, retrasando su aplicación. Esto afectaría directamente a miles de personas en riesgo de desahucio, como los acampados en Sol, que ven en esta medida su última esperanza. Además, un fracaso en el Congreso debilitaría la imagen del Gobierno en materia de políticas sociales, justo cuando la presión social por la vivienda alcanza cotas históricas.
Por otro lado, si el decreto se aprueba, su impacto dependerá de su ejecución real. Las medidas anunciadas —como la facilitación de contratos de alquiler social o la moratoria de desahucios— podrían ser insuficientes si no se acompañan de inversiones públicas en vivienda asequible. La prueba de fuego será si Maricarmen y otros casos similares logran beneficiarse de estas medidas en las próximas semanas.
Podemos acusa de ‘trampa’ al Ejecutivo y exige un texto único; Junts y PNV también critican la estrategia
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha acusado este miércoles al Gobierno de trocear el decreto de vivienda en dos partes para aprobarlo por separado en el Congreso el viernes, una maniobra que califica de «trampa». El Ejecutivo ya publicó en el BOE el primer decreto —con medidas de Junts y PNV— y prepara el segundo para mañana, que incluye demandas de Sumar. Belarra exigió retirar el primero y presentar uno «completo», advirtiendo: «Si no lo hacen por amor, háganlo al menos por interés electoral».
La estrategia del Gobierno, que envía los textos a los grupos 48 horas antes del debate (como exige el Reglamento del Congreso), ha generado rechazo en todos los partidos. Enrique Santiago, diputado de Sumar, criticó que aprobar solo el primer decreto «no soluciona el problema», mientras Marta Madrena (Junts) denunció «falta de rigor» en la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que acusó de «no saber ni lo que aprueba».
El PP también se opone al troceo y lo vinculó a la movilización social, recordando el desahucio de una anciana y las protestas en Puerta del Sol, que calificó de «15 meme». Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, respondió acusando al PP de estar «al lado de los especuladores sin alma».
El debate y votación se celebrarán este viernes 3 de octubre a las 11:00, en un pleno extraordinario convocado con urgencia. La presidencia del Congreso remitió los textos a los grupos este miércoles, cumpliendo el artículo 69 de su Reglamento, que obliga a distribuir la documentación con al menos 48 horas de antelación.
El decreto, que incluye medidas como limitar compras de viviendas por fondos de inversión y proteger a inquilinos en riesgo de desahucio, llega en un contexto de protestas masivas por la subida de precios. Maribel Vaquero (PNV) pidió «más zanahoria y menos palo», advirtiendo que las normas actuales «no arreglan la situación».
El segundo decreto, que se publicará mañana en el BOE, incorporará las demandas de Sumar, incluyendo la creación de un fondo de garantía para alquileres y la ampliación de la zona de protección de inquilinos.
