El PP anuncia recursos ante la Mesa del Congreso y el Constitucional tras el informe letrado contrario a la enmienda, que amplía la ley de Memoria Democrática
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Sofía Puente, secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, figuran en la información de Europa Press sobre la admisión a trámite, por la Mesa de la Comisión de Educación, de una enmienda de Sumar al proyecto de reforma de la Ley de Educación que abre la nacionalidad a descendientes de quienes salieron de España entre 1936 y 1955 por cualquier motivo, no solo por persecución política, un cambio que el PP califica de «nacionalización masiva» y que, según los populares, choca con la doctrina del Constitucional desde 2011.
La enmienda, presentada por Sumar y admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Educación, dominada por PSOE y Sumar, contradice el informe letrado de la Cámara, según el cual no existe el mínimo punto de conexión material entre el objeto del proyecto de ley y la enmienda. El texto recoge lo sustantivo de una orden ministerial de la ex directora de Seguridad Jurídica Sofía Puente, que amplió el ámbito de la Ley de Memoria Democrática, y el Tribunal Supremo paralizó la inclusión en el censo de los nuevos nacionalizados.
El PP agotará todos los recursos parlamentarios posibles, de amparo y reconsideración, ante la Mesa del Congreso para poder acudir finalmente al Tribunal Constitucional. Los populares dan por hecho que la Mesa del Congreso, dominada también por PSOE y Sumar, tratará de despejar el balón aludiendo a la autonomía de la Mesa de la comisión, lo que implicará permitir que la enmienda siga su tramitación.
La doctrina del Constitucional, asentada en una sentencia de 2011, considera que las enmiendas intrusas no son admisibles porque vulneran el derecho de participación política de los diputados recogido en el artículo 23 de la Constitución. El PP sostiene que el Gobierno usa la reforma educativa para auspiciar la nacionalización masiva y engordar el censo electoral con votantes virtuales, y recuerda que el Constitucional ha anulado enmiendas similares, como la presentada por senadores socialistas en 2011 en el proyecto de Ley de Arbitraje.
El Tribunal Supremo, tras la paralización de la inclusión en el censo de los nuevos nacionalizados, ha señalado que la modificación de la Ley de Memoria Democrática mediante una orden ministerial carece de la base legal necesaria y que la enmienda presentada por Sumar carece de justificación, lo que refuerza la posición del PP de que el proceso debe ser detenido y revisado ante el Tribunal Constitucional.
