La mayoría de izquierdas en la Mesa de Educación admite la enmienda pese al informe de los letrados, que la ven incongruente y contraria al artículo 23 de la Constitución
La mayoría de izquierdas en la Mesa de la Comisión de Educación del Congreso ha admitido a trámite el miércoles una enmienda de Sumar que modifica la llamada ley de nietos dentro de una reforma educativa. La decisión se ha tomado pese al criterio de los letrados de la Cámara, que consideran la propuesta «inadmisible» por tratarse de una enmienda intrusa. El PP ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso.
El informe de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, concluye que la enmienda es «incongruente con el objeto y la finalidad» de la iniciativa legislativa en la que se ha insertado. El dictamen no es vinculante, pero advierte de que entre ambos asuntos no existe «el mínimo punto de conexión material».
La enmienda busca reformar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula el acceso a la nacionalidad española de descendientes de exiliados. Sin embargo, se ha añadido a una proposición de ley orgánica centrada en las ratios de alumnos, la jornada lectiva y las condiciones laborales de los docentes no universitarios. Con la decisión de el miércoles, la enmienda queda calificada y puede continuar su recorrido parlamentario.
El aviso de los letrados sobre el artículo 23
El documento de los letrados invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria congruencia de las enmiendas. Advierte de que ignorarla puede «lesionar el artículo 23 de la Constitución Española», que protege la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo. La enmienda incorpora a la ley la presunción de que son exiliados todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955. También recoge otros supuestos de nacionalidad vinculados a hijas de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y a hijos mayores de edad de quienes se acogieron a las leyes de memoria de 2007 y 2022.
El PP sostiene que PSOE y Sumar han «despreciado el criterio de los letrados del Congreso» al imponer su mayoría. Fuentes populares califican la decisión de «chapuza legislativa» y afirman que supone la «aceptación tácita» de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, «estaba al margen de la ley». Los populares aseguran que no aceptarán lo que consideran un intento de «manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral». Sostienen que el Ejecutivo pretende «buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro».
La instrucción de Puente y el censo exterior
La controversia se inserta en el debate abierto por la ampliación del acceso a la nacionalidad y del censo exterior derivada de la instrucción «manipuladora» dictada por Sofía Puente a la citada disposición de la Ley de Memoria Democrática. Más de 2,6 millones de personas solicitaron la nacionalidad al amparo de esta norma, y los expedientes aprobados ya superaban el medio millón en junio. La disposición conocida como ley de nietos permite optar a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio.
La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública extendió en la práctica esa condición mediante una presunción aplicable a todas las salidas de España producidas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa ampliación tiene consecuencias electorales: los nuevos nacionales residentes fuera de España pueden ser inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de la inscripción electoral de los nacionalizados al amparo de esa instrucción cuando no acrediten el exilio exigido por la ley.
La Junta Electoral ejecuta la cautelar del Supremo
La resolución del Supremo no resuelve el fondo del recurso, pero aprecia un «peligro serio» de que la limpieza del proceso electoral quede «gravemente afectada» si no se adoptan medidas cautelares. La Junta Electoral Central ya ha empezado a ejecutar esa cautelar. Ha ordenado desglosar las inscripciones cuestionadas y ha limitado la elección de circunscripción de los residentes en el exterior, exigiendo que justifiquen documentalmente el vínculo con la demarcación escogida.
El Gobierno ha mostrado sus reticencias a la ejecución de la medida y la ha recurrido. El Ejecutivo ha advertido al Supremo de que los consulados podrían no disponer de tiempo suficiente para certificar antes de los próximos comicios qué beneficiarios de la llamada ley de nietos acreditan efectivamente su derecho al voto.
El PP interpreta el informe de los letrados como un aval a su denuncia de que Sumar pretende modificar «por la puerta de atrás» la ley de nietos. Génova acusa a PSOE y Sumar de «reconocer que hicieron trampas, ahora que les hemos pillado». Los populares exigen retirar una iniciativa que, a su juicio, trata de sortear la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo. Destacan que el informe hace constar que la enmienda fue presentada «sin justificación alguna».
