La reunión extraordinaria con cancilleres analiza un borrador impulsado por EE.UU., mientras Brasil y México muestran reticencias a un texto de condena
Daniel Ortega se juega este viernes en la Organización de Estados Americanos (OEA) la supervivencia política de su régimen, tras amenazar públicamente el pasado 19 de julio con cancelar las elecciones en Nicaragua. La reunión extraordinaria del Consejo Permanente, con la presencia de cancilleres de la región, analizará un borrador de resolución que podría marcar un punto de inflexión en la estrategia internacional contra el sandinismo, considerado por la oposición y la comunidad diplomática como una dictadura en proceso de consolidación autoritaria.
El encuentro, impulsado por EE.UU. con la presencia de Marco Rubio, busca responder a la declaración de Ortega durante el aniversario de la revolución sandinista: «Aquí no habrá más elecciones». Una afirmación que llega después de los comicios de 2021, cuestionados por fraude y por la exclusión de siete candidatos opositores, encarcelados o exiliados. La resolución en debate podría incluir sanciones concretas, aunque su aprobación enfrenta reticencias de Brasil, México y algunos países centroamericanos.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se ha referido públicamente a la situación de Nicaragua, mientras Washington prepara el envío de Natasha Franceschi como nueva embajadora en Managua. Franceschi, aprobada por el Senado estadounidense el miércoles, asumirá el cargo con el mandato de mantener la presión diplomática para lograr una solución que promueva la prosperidad y la seguridad estadounidenses, según declaró ante el Congreso. Su nombramiento coincide con el intento de Esther Alemán, líder estudiantil y expresa política, de presionar a EE.UU. para que las acciones contra Ortega vayan más allá de lo simbólico.
Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos presidenciales encarcelados en 2021, advirtió ante el Senado que «las acciones contra el sandinismo solo sirven si tienen consecuencias reales». Su testimonio subraya la urgencia de la reunión: Nicaragua acumula una crisis económica con pérdida del poder adquisitivo y una oposición dispersa entre el exilio y las cárceles.
Para Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, este encuentro es «una prueba de fuego para la OEA» y «la capacidad de EE.UU. para alinear al continente». La socióloga nicaragüense destaca que, pese al declive institucional de la organización, la resolución podría sentar un precedente.
Ortega ganó 75,9 % en las elecciones de 2021
Los comicios de noviembre de 2021 fueron el último intento del sandinismo por legitimar su poder. Ortega, en el gobierno desde 2007, ganó con el 75,9% de los votos según cifras oficiales, pero la oposición denunció un fraude masivo: siete candidatos —entre ellos Chamorro y Arturo Cruz— fueron excluidos por estar presos o exiliados, y los medios independientes fueron clausurados. La Unión Europea y la OEA rechazaron los resultados, pero el régimen mantuvo su control absoluto.
La amenaza de Ortega de que no habrá más elecciones llega en un momento de tensión. El régimen ha consolidado un sistema de represión que incluye la persecución de la Iglesia Católica, la criminalización de la disidencia y el control absoluto de los medios. Según datos de la oposición, más de 200.000 nicaragüenses han huido del país desde 2021, mientras la economía colapsa: la inflación supera el 10% anual y el salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica.
La estrategia de EE.UU. ha combinado sanciones económicas con presión diplomática. Mientras en Venezuela y Cuba mantiene otras vías de presión, en Nicaragua apuesta por la OEA como escenario para aislar a Ortega. La diferencia radica en el enfoque: en Caracas y La Habana, Washington ha usado amenazas militares y diálogos directos; en Managua, prioriza la multilateralidad, aunque con resultados limitados hasta ahora.
Las piezas en juego: desde la OEA hasta el exilio nicaragüense
La reunión de hoy en la OEA enfrenta dos bloques claros. Por un lado, EE.UU., Canadá y varios países de Centroamérica —como Costa Rica y Panamá— apoyan la resolución. Brasil, en particular, se sitúa como principal defensor del sandinismo en la reunión.
Para la oposición nicaragüense, exiliada en EE.UU. y España, la reunión es una oportunidad única. Alemán propuso una hoja de ruta en tres fases: primero, presión internacional para debilitar al régimen; segundo, negociaciones con garantías de cumplimiento; y tercero, elecciones libres como paso previo a la reconstrucción institucional. «No es solo una cuestión de democracia, es de supervivencia para Nicaragua», advirtió.
El papel de Natasha Francesc hi como embajadora será clave. Su perfil negociador —contrasta con la línea más beligerante de la administración anterior— podría abrir espacio para diálogos, aunque la oposición exige resultados tangibles. Mientras, en Managua, el régimen celebra el cumpleaños de Camilo Ortega Murillo, el nieto de los líderes sandinistas, como símbolo de una dinastía que parece dispuesta a perpetuarse en el poder.
La resolución de la OEA no garantiza el fin de la dictadura, pero podría acelerar el aislamiento de Ortega. Si se aprueba, Nicaragua enfrentaría sanciones económicas y un posible reconocimiento internacional de su gobierno como ilegítimo. Si fracasa, el régimen ganaría tiempo para consolidar su modelo autoritario, con Rosario Murillo —actual vicepresidenta— como sucesora designada.
Lo que está claro es que, para la oposición y la comunidad internacional, este viernes no es solo una reunión más de la OEA. Es el momento en que Nicaragua será juzgada por su futuro: ¿democracia o dictadura?
