La Mesa de Educación da luz verde a la modificación de la Ley de Memoria Democrática para garantizar el voto a los nacionalizados, pese a las advertencias jurídicas del PP
Pedro Sánchez y Enrique Santiago (Sumar) logran el miércoles un avance parlamentario histórico: la Mesa de la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado, con los votos del PSOE y Sumar, la tramitación de una enmienda que modifica la Ley de Memoria Democrática para garantizar el derecho al voto de los nacionalizados conocidos como ‘nietos’. La medida, presentada por Santiago, busca anular una sentencia del Tribunal Supremo que cuestionaba este derecho y presume como exiliados a todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955.
La enmienda, calificada como ‘intrusa’ por el Partido Popular, introduce un cambio legal sin conexión directa con el proyecto educativo que la contiene. Según Santiago, la medida busca ‘eliminar la motivación del exilio’ y dar por sentado que todos los emigrantes en ese periodo fueron exiliados por la Guerra Civil y el franquismo. La tramitación sigue adelante pese a un informe jurídico del Congreso que advierte de posibles vulneraciones constitucionales.
Hasta ahora, la ‘ley de nietos’ ha concedido la nacionalidad a 544.722 personas, aunque hay más de 2,4 millones de solicitudes pendientes de tramitación.
El mecanismo legal: una enmienda intrusa para salvar el derecho al voto
La estrategia parlamentaria de Sumar ha sido calificada de ‘inusual’ por los expertos. La enmienda, presentada por Enrique Santiago, se ha colado en un proyecto de ley educativa para modificar la Ley de Memoria Democrática. Este procedimiento, conocido como ‘enmienda intrusa’, consiste en introducir cambios en una ley a través de otro texto legislativo no relacionado. En este caso, la enmienda busca modificar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula la nacionalización de los ‘nietos’ de exiliados.
La enmienda se basa en una instrucción dictada en octubre de 2022 por Sofía Puente, hermana del ministro de Justicia, Pablo Puente, que establecía criterios para tramitar las solicitudes de nacionalización. Según Santiago, esta instrucción ‘presume la condición de exiliado’ para todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955, evitando así que el Tribunal Supremo anule el derecho al voto de los nacionalizados.
El Partido Popular ha criticado duramente esta maniobra, argumentando que no existe ‘el mínimo punto de conexión material’ entre la reforma educativa y la modificación de la Ley de Memoria Democrática. Un informe jurídico del Congreso, citado por el PP, advierte de una posible vulneración del artículo 23 de la Constitución, que regula el derecho al voto.
544.722 nacionalizados, 2,4 millones de solicitudes pendientes
Desde la aprobación de la ‘ley de nietos’ en 2022, más de 544.722 personas han obtenido la nacionalidad española gracias a esta normativa. Sin embargo, el ritmo de tramitación ha sido lento: según datos oficiales del Gobierno, hay más de 2,4 millones de solicitudes pendientes. Esta cifra refleja la complejidad administrativa y los retrasos en la gestión de los expedientes.
La medida busca evitar que el Tribunal Supremo anule el derecho al voto de los nacionalizados, como ocurrió en un caso reciente en el que el alto tribunal cuestionó la legalidad de la nacionalización por no considerar probado el exilio. La enmienda de Santiago busca ‘presumir la condición de exiliado’ para todos los afectados, eliminando así la necesidad de probar individualmente cada caso.
El Gobierno ha defendido la ley como una forma de reparación histórica para las víctimas del franquismo y sus descendientes. Sin embargo, la oposición argumenta que la medida es inconstitucional y que su tramitación a través de una enmienda intrusa es un ‘abuso parlamentario’.
Las implicaciones: ¿un avance legal o un conflicto constitucional?
La aprobación de la enmienda en la Comisión de Educación es solo el primer paso. El texto debe ser debatido y votado en el Pleno del Congreso, donde podría enfrentarse a la resistencia del PP y otros grupos parlamentarios. Si finalmente se aprueba, la ley entraría en vigor y garantizaría el derecho al voto de los nacionalizados, evitando así posibles recursos judiciales.
Sin embargo, el informe jurídico del Congreso advierte de riesgos constitucionales. El artículo 23 de la Constitución establece que ‘los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos’, pero también exige que las leyes sean ‘claras y precisas’. La enmienda intrusa podría ser cuestionada por no cumplir con estos requisitos, especialmente si el Tribunal Constitucional considera que no existe una conexión suficiente entre la reforma educativa y la modificación de la Ley de Memoria Democrática.
Para los afectados, la medida es una victoria. Más de 544.000 personas ya han obtenido la nacionalidad, pero millones siguen esperando su turno. La tramitación acelerada de la enmienda podría agilizar el proceso, aunque también podría generar nuevos conflictos legales.
El Partido Popular ha anunciado que recurrirá la decisión si la enmienda avanza. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura: la ley es necesaria para reparar una injusticia histórica y garantizar los derechos de los ‘nietos’ de exiliados.
