Actualización (01 de octubre a las 10:26):
Podemos confirma su voto a favor y deja al Ejecutivo con 170 apoyos asegurados frente a los 171 noes del bloque de la oposición
Los siete diputados de Junts deciden el viernes el futuro de los dos decretos leyes sobre vivienda tramitados de urgencia por el Ejecutivo central. La formación catalana mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto a pocas horas de la sesión parlamentaria. El Gobierno necesita sumar más votos afirmativos que negativos para convalidar ambas normas en el Congreso.
El bloque de rechazo cuenta con 171 votos confirmados por parte del PP, Vox y UPN. Alberto Núñez Feijóo ratificó el posicionamiento negativo de su formación ante los medios. Las fuerzas de la derecha quedan a cuatro sufragios del empate que tumbaría las iniciativas y a cinco de la mayoría absoluta parlamentaria, fijada en 176 escaños.
La aritmética parlamentaria sumó certidumbre por el flanco izquierdo durante la mañana del jueves tras el anuncio de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, confirmó en Televisión Española el voto favorable de su grupo. La decisión se adoptó después de que el Sindicato de Inquilinas solicitara el apoyo expreso a las medidas gubernamentales.
En una entrevista con elDiario.es, Irene Montero explicó la postura de la formación morada frente al debate. La candidata a las elecciones generales remarcó que acatan la indicación del colectivo social pese a juzgar los decretos como insuficientes. Montero defendió que la movilización ciudadana es la que mantiene abierta la pugna contra la especulación inmobiliaria.
Con el respaldo de Podemos, la coalición gubernamental suma 170 apoyos asegurados junto a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís. Coalición Canaria todavía mantiene su voto en el aire. Si los siete parlamentarios de Junts optan por el rechazo junto a las bancadas conservadoras, las dos iniciativas legislativas decaerán por completo.
Míriam Nogueras cuestionó el texto legal al considerar que no frena las operaciones de los fondos inversores en el mercado residencial. La portavoz de Junts también alegó riesgos sobre los derechos sucesorios familiares en inmuebles arrendados. El Ministerio de Vivienda desmintió esa segunda queja y aseguró que dicha cláusula no forma parte de la redacción definitiva.
Pedro Sánchez defendió la solvencia de las medidas aprobadas tras el desahucio de Maricarmen y apeló a la responsabilidad de los socios parlamentarios. La votación definitiva tendrá lugar el viernes en torno a las dos de la tarde tras el debate sucesivo de ambos textos.
La formación independentista catalana rechaza los textos por inseguridad jurídica, invasión de competencias y medidas que considera inconstitucionales
Junts ha anunciado su rechazo a los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, a solo 24 horas de su votación en el Congreso. Fuentes de la formación independentista catalana han calificado la aprobación de estos textos como un se considera un suicidio político, exigiendo que se retiren o se ajusten íntegramente a su propuesta. La votación está prevista para este martes 4 de octubre, pero el apoyo de Junts —que cuenta con 7 diputados clave— parece ahora en riesgo.
Los decretos, uno negociado con Junts y otro con Sumar (aunque este último aún no estaba publicado en el BOE), incluyen medidas como la paralización de desahucios hasta 2030 y la obligación de las comunidades autónomas de asumir deudas de inquilinos vulnerables. Junts critica que estas normas invaden competencias exclusivas de Cataluña —como vivienda y servicios sociales— y que «obligan a la Generalitat a pagar lo que decide Madrid», sin compensación por intereses. Además, denuncian que resucitan un decreto que el Congreso tumbó y que vacían de contenido la decisión parlamentaria de abril.
La formación independentista también alerta de que los textos generan inseguridad jurídica pura, al limitar compras de vivienda sin sanciones claras y sin aclarar si las normas catalanas prevalecen sobre las estatales. Junts recuerda que el Tribunal Constitucional ya anuló cargas similares en la Ley de Vivienda (STC 26/2025), y advierte de que los decretos cambia el IRPF por decreto-ley, algo que el Constitucional ha declarado inconstitucional en sentencias como la 182/1997.
El conflicto se agrava porque Junts considera que los decretos son un «paquete ómnibus» sin enmiendas posibles: se vota todo o nada. La formación reclama medidas concretas que el Gobierno ha omitido, como la deducción por compra de vivienda, el IVA del 5% o el derecho a cancelar hipotecas. Su postura deja en jaque la aprobación de los textos, que requieren al menos 176 votos para ser convalidados —un umbral que el Gobierno solo podría alcanzar con el apoyo de Junts o de Sumar, cuya posición aún no está clara.
El rechazo de Junts no solo pone en riesgo los decretos, sino que expone las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre competencias en vivienda. La formación independentista ha dejado claro que no negociará: «Son lentejas, o lo tomas o lo dejas».
