El interno dio como residencia la sede del bufete de su abogada y el juez de vigilancia penitenciaria decidirá sobre los tres días pedidos
Un cambio de criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas, en Salamanca, ha dejado sin aval la salida de Alfonso Basterra. El recluso cumple 18 años de prisión por asesinar a su hija Asunta en 2013. Los técnicos del penal habían emitido un dictamen favorable al principio. Sin embargo, rectificaron su informe tras constatar irregularidades en la dirección facilitada. El interno aportó primero una vivienda de unos amigos en Madrid, pero después modificó el destino. Los funcionarios verificaron que la nueva dirección correspondía en realidad al despacho profesional de su letrada. Ante la ausencia de un domicilio real para pasar las jornadas fuera del centro, el organismo penitenciario concluyó que existía riesgo de un mal uso del beneficio.
El juez de vigilancia debe resolver la petición de tres días
La decisión final sobre esta nueva solicitud de salida de tres días, cursada por el penado en agosto, queda ahora en manos del juez de vigilancia penitenciaria. El magistrado debe evaluar el expediente después de los reveses judiciales precedentes. En mayo, la Audiencia de Salamanca revocó una autorización anterior de cuatro días dictada en marzo por el juzgado. La Sala estimó el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra la queja del reo. En aquella resolución, el tribunal consideró que no concurrían los requisitos legales para la salida.
La Fiscalía rechaza salidas por no asumir los hechos antes de 2027
El Ministerio Público fundamentó su oposición en la gravedad del delito y en el calendario de liquidación de condena. Alfonso Basterra no alcanzará las tres cuartas partes de su castigo hasta marzo de 2027. Además, el cumplimiento definitivo de la pena impuesta se extiende hasta el año 2031. Junto al factor temporal, los informes fiscales remarcan la falta continuada de asunción de responsabilidades por parte del interno. La Audiencia Provincial subrayó en su auto «la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos».
El crimen juzgado en Santiago mantiene el castigo sin cambios
El asesinato de la menor en Galicia supuso la misma condena de 18 años de cárcel para la madre de la víctima, Rosario Porto. La mujer falleció por suicidio en 2020 en la prisión de Brieva, en Ávila, tras permanecer siete años recluida en centros de A Lama, Teijeiro y Brieva. Durante ese periodo penitenciario nunca reconoció su participación en el crimen. Un jurado popular declaró culpables a ambos progenitores por unanimidad. Las pruebas periciales determinaron que la víctima recibió dosis repetidas de benzodiacepinas durante varios meses antes de su muerte violenta, cuyo cuerpo apareció en una pista forestal.
