El juez de vigilancia penitenciaria decidirá en septiembre si concede tres días fuera de prisión al condenado por el asesinato de Asunta Basterra, tras la oposición de la Fiscalía y la Junta de Tratamiento
Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta Basterra en 2013, ha solicitado un nuevo permiso penitenciario de tres días, que el juez de vigilancia penitenciaria de Salamanca deberá resolver antes de finales de septiembre. Esta vez, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Topas ha votado a favor de la concesión, a diferencia de la anterior petición —denegada en mayo por la Audiencia Provincial— donde se opuso por amplia mayoría (8-1).
La Audiencia de Salamanca anuló el primer permiso en mayo, argumentando la «extrema gravedad del delito», la falta de asunción de responsabilidad por parte de Basterra —quien niega los hechos— y que solo había cumplido tres cuartos de su condena (la pena completa se completará en 2031). El juez de vigilancia penitenciaria, ahora, será quien decida si aprueba el permiso, solicitado en agosto y avalado por la Junta de Tratamiento.
El caso está marcado por la muerte en prisión de Rosario Porto, exmujer de Basterra y madre de Asunta, quien se suicidó en 2020 tras siete años entre reclusiones en Pontevedra, A Coruña y Ávila. Porto, también condenada por el crimen, nunca asumió su responsabilidad. El jurado popular declaró culpables a ambos por unanimidad, tras determinar que Asunta fue sedada con benzodiacepinas antes de su muerte.
La decisión del juez de vigilancia penitenciaria podría generar un nuevo conflicto legal, dado que la Fiscalía ya ha mostrado su oposición en el pasado. Además, el caso reviste especial sensibilidad por el contexto familiar: Basterra y Porto fueron los únicos condenados, pero su negativa a asumir los hechos ha sido un elemento clave en las resoluciones judiciales.
El permiso, de ser concedido, sería el primero desde la denegación de mayo. La resolución final dependerá de si el juez considera que Basterra cumple ahora los requisitos mínimos para salir de prisión, algo que la Fiscalía y la Junta de Tratamiento han evaluado de forma contradictoria en menos de cuatro meses.
