La secretaria general del PSOE-A acusa al presidente autonómico, Juanma Moreno, de ‘giro negacionista’ mientras el PP andaluz defiende su respuesta a la carta de Ana Redondo
El Ministerio de Igualdad ha trasladado este miércoles a Sevilla su Comité de Crisis contra la violencia de género para analizar los últimos feminicidios en Andalucía, donde diez mujeres han sido asesinadas en lo que va de año —la misma cifra que en todo 2024—. La comunidad autónoma, con 291 víctimas desde 2003, concentra el 30% de los crímenes machistas de España, según datos oficiales.
La reunión, presidida por la ministra Ana Redondo, busca coordinar medidas con las administraciones autonómicas y locales. El Gobierno central destina ahora 112 millones de euros a pulseras antimaltrato —el doble que en 2025—, tras los fallos detectados por la Fiscalía el año pasado. Sin embargo, el portavoz del PP andaluz, Toni Martín, tacha de «desastre» la gestión estatal y asegura que «ha puesto en riesgo vidas» con estos dispositivos.
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de un «giro hacia el negacionismo de ultraderecha» que, según ella, «pone en riesgo la seguridad de las víctimas». Montero denunció que Moreno no ha respondido a una carta enviada por Redondo el 6 de agosto para abordar la «violencia estructural». El Ejecutivo andaluz, sin embargo, asegura haber contestado ese mismo día, como acredita una copia de la respuesta de la consejera de Servicios Sociales, Loles López.
El Comité analizará tres casos de julio y dos de agosto. En total, 37 mujeres han sido asesinadas en España este año por sus parejas o ex, y 1.378 desde 2003. La reunión en Sevilla subraya la tensión política entre el Gobierno central y la Junta, donde el PP gobierna en solitario desde 2018.
El contrato del Centro Cometa, organismo encargado del seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento mediante pulseras antimaltrato, se ha ampliado de 47 millones a 112 millones de euros, según la ministra Ana Redondo. Este incremento refleja el esfuerzo de inversión para mejorar la gestión del dispositivo tras los fallos señalados por la Fiscalía el año anterior.
