El regulador investiga si el gestor ferroviario incumplió en 2026 las medidas de 2025 para evitar bonificaciones desiguales a favor de Renfe
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Adif Alta Velocidad por presunto incumplimiento de las medidas que le impuso en julio de 2025 para corregir un sistema de cánones ferroviarios discriminatorio contra nuevos operadores como Ouigo e Iryo.
El regulador investiga si Adif no aplicó las correcciones exigidas para igualar las bonificaciones en los servicios de alta velocidad (VL1), donde compiten Renfe, Ouigo e Iryo, frente a los servicios VL2 y VL3 —exclusivos de Renfe— que recibieron ventajas desproporcionadas en 2024. La CNMC ya había sancionado a Adif en 2025 por este mismo sistema, que beneficiaba a Renfe con bonificaciones de hasta 30,9 millones de euros, mientras los nuevos operadores veían reducidas sus ayudas pese a registrar crecimientos reales en tráfico.
El caso se enmarca en un conflicto recurrente entre el regulador y Adif por la gestión de la infraestructura ferroviaria. En 2024, Ouigo e Iryo denunciaron que Adif fijaba objetivos de crecimiento irreales —como un 19,2% en el corredor Madrid-Barcelona, frente al 4,8% estimado— para conceder bonificaciones, lo que perjudicaba a los operadores privados. La CNMC ordenó entonces a Adif ajustar los tráficos objetivo en un plazo de tres meses, pero ahora investiga si esas medidas se cumplieron.
Adif tendrá doce meses para presentar alegaciones. La apertura del expediente no implica sanción automática, pero refuerza la presión sobre el gestor público en un sector donde la competencia entre Renfe, Ouigo e Iryo —este último con capital chino— se ha intensificado en los últimos años. El conflicto también afecta a los usuarios, ya que las bonificaciones inciden directamente en los precios de los billetes.
La CNMC ya había advertido en 2025 que el sistema de cánones podía vulnerar la libre competencia. Ahora, con este nuevo expediente, busca garantizar que las reglas se apliquen por igual, evitando que Renfe —que opera el 90% de los servicios de alta velocidad— mantenga ventajas artificiales sobre sus competidores.
