La juez Tardán exige informes oficiales para analizar alertas previas y posibles responsabilidades penales en la crisis migratoria
La Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta de finales de julio y ha citado al delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, para analizar su posible responsabilidad en los hechos. El juzgado número 6 de Ceuta ha remitido el caso a la sala de lo penal de la Audiencia, donde la juez María Tardán ya investiga la oleada de entradas irregulares desde Marruecos.
La decisión se basa en la conexión entre los hechos investigados en Ceuta —incluyendo una querella de Hazte Oír contra Pérez Triano por presuntos delitos de omisión del deber, denegación de auxilio y prevaricación— y la causa abierta en la Audiencia Nacional (DP 64/2026). La fiscalía ya había solicitado la inhibición del juzgado ceutí, argumentando que ambos procedimientos comparten «unidad de contexto, secuencia y prueba».
La juez Tardán investigará ahora si las autoridades españolas, y en concreto Pérez Triano, recibieron alertas previas sobre la entrada masiva de migrantes. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya había advertido de la posibilidad de una crisis, según declaró el jefe de Gabinete del delegado, que dimitió la semana pasada. La investigación podría derivar en responsabilidades penales por los al menos 83 fallecidos en la frontera durante los días 30 y 31 de julio.
El delegado del Gobierno es, hasta ahora, el único cargo directamente señalado en esta vía judicial. La Audiencia también examinará si hubo una respuesta adecuada en territorio español ante las alertas, incluyendo la movilización de recursos para evitar tragedias. La decisión del juzgado de Ceuta deja en manos de Tardán la valoración de las diligencias solicitadas por la querella, como la revisión de comunicaciones y protocolos de actuación.
La crisis de Ceuta, que superó los 20.000 migrantes en solo dos días, sigue siendo el episodio más grave de entrada irregular en la frontera sur desde 2023. La presión política crece: el PP y Vox exigen explicaciones al Gobierno, mientras la oposición reclama una respuesta coordinada con Marruecos y la UE. La Audiencia Nacional, con competencias en delitos contra la Administración Pública, será clave para determinar si hubo negligencia o incumplimiento de protocolos.
